El exministro José Manuel Soria no recurrirá el archivo de su querella contra la juez Victoria Rosell por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso, pese a entender que los hechos denunciados se han confirmado, según ha señalado a Efe su abogado, Eligio Hernández.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona archivó la querella al no apreciar delito alguno en los hechos que Soria atribuía a Rosell, a la que acusaba de haber retrasado una investigación penal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez guiada por intereses personal (las relaciones comerciales que este tenía con su pareja, el periodista Carlos Sosa).
Varona corrobora en ese auto que la causa de Ramírez sufrió "un retardo", pero considera que ni este fue "malicioso" ni existen indicios de que Rosell tomara decisiones que respondieran a "un fin espurio o a una intención de beneficiar o perjudicar a los imputados o a alguna de las restantes partes intervinientes".
El exfiscal general del Estado considera que ese auto confirma los hechos que su cliente planteaba, si bien la instructora hace de ellos una valoración jurídica distinta a la suya.
Según Hernández, jurídicamente no tiene mayor interés y "no merece la pena" plantear un recurso en una instancia superior -la Sala de lo Penal del TSJC- cuando además el asunto se ha "complicado mucho con problemas entre magistrados".
Varona acordó el archivo de esa causa tras interrogar a Rosell y al empresario al que, según la denuncia de Soria, la juez podría supuestamente haber beneficiado, Miguel Ángel Ramírez.
El asunto que da origen a esta querella se remonta a la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015, a las que Rosell se presentó como candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas.
Casi en los primeros días de campaña, la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a Rosell tras recibir en un sobre anónimo la copia de un contrato por el cual la UD Las Palmas compraba al periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, los derechos de una licencia de FM por 300.000 euros.
