¿Cuál es el campo de su trabajo en el Consejo de Europa?
Hay tres bloques de tareas, el primero es coordinar el plan de acción para reforzar la independencia y la imparcialidad de los jueces en los 47 países del Consejo de Europa; una segunda tarea es promover la institución del defensor del pueblo, y un tercer bloque es la elaboración de los estándares jurídicos mínimos de los centros de acogida de refugiados e inmigrantes en los países miembros.
¿Hay déficit de independencia e imparcialidad de los jueces en los países formalmente democráticos?
No en los países de mayor tradición democrática. Pero con respecto al Consejo de Europa (CE), integrado por 47 países, la complejidad es mayor, porque en países sin esa tradición el juez tiene un tipo de formación cultural no jurídica. Son muchos los jueces que piensan que son servidores del Estado, en lugar de servidores de la ciudadanía y de los derechos fundamentales. Tienen mentalidad de funcionario y piensan que siempre hay alguien por encima que les dicta las instrucciones. Tienen una cultura de sumisión al poder Ejecutivo, no tienen conciencia de su independencia y piensan que su función es controlar, no que se respete el Derecho. Es un desafío inmenso porque implica un cambio cultural.
¿España es un país donde no hay reproche a la imparcialidad de los jueces?
La percepción del Consejo de Europa es que, con distintas imperfecciones respecto al órgano de gobierno, España, junto a Alemania, Italia y Reino Unido y algún otro país, está situada entre los países que no generan complejidades ni problemas especí- ficos y el juez es autoridad judi-cial. El CE establece desde el 2010 que la extracción de los vocales del órgano de gobierno de la judicatura debe hacerse sólo por los jueces. En España el sistema es mixto, el Parlamento elige jueces que previamente han elegido los propios jueces, pero el criterio del CE es que la mayoría de los integrantes del poder judicial tiene que ser elegido sólo por los propios jueces.
¿Cree que la administración de Justicia en Canarias cumple los estándares de calidad que busca el Consejo de Europa a la vista del 'caso Alba' y el espectáculo de grabaciones y pleitos cruzados entre distintos miembros de la judicatura?
El último año he estado trabajando en la Audiencia Provincial de Tenerife y conozco a la inmensa mayoría de los jueces del Archipiélago. Los jueces españoles y los jueces canarios no tenemos nada que envidiar en cuanto a independencia e imparcialidad a ningún juez de ninguno de los 47 países del CE. Quizá podríamos envidiar algunos sueldos, pero no su estatuto de independencia. Los jueces canarios están a un nivel de calidad jurídica y profesional muy alto. Por eso el llamado caso Alba es un asunto muy doloroso que no representa para nada a los jueces canarios ni la calidad de la administración de justicia en Canarias.
¿Es por tanto un problema puntual, no es endémico sobre el funcionamiento de la Justicia en las Islas?
Yo no tengo conocimiento profesional del asunto, sino únicamente de lo que me he enterado como ciudadano por las medios de comunicación. Pero es un episodio vergonzoso que más parece sacado del túnel del tiempo, propio de otras épocas, donde se reflejan conversaciones nada edificantes. La gente a la que más le duele todo esto es a la que está trabajando en los juzgados todos los días, porque se sienten avergonzados. No representa ningún mal endémico ni epidémico, sino que ha habido unos comportamientos que ya se encargarán los profesionales de dilucidar la relevancia penal o disciplinaria de cada uno de los episodios conocidos.
En relación con el trabajo de los estándares jurídicos de los centros de emigrantes, ¿en qué línea se está trabajando?
Es evidente que donde hay reglas también hay abusos y perversiones, pero es mucho peor donde no hay reglas. Los estándares jurídicos mínimos supone que se establecen unos criterios de funcionamiento interno, de exigencias de cualificación del personal, de respeto a los derechos de los internos, de forma que todo el que trabaja en un centro sabe a qué atenerse. Hay quien dice que los centros deben desaparecer, pero un centro, por malo que sea y por malas reglas que tenga, siempre es mejor a que no haya centro alguno, ni regla alguna que respetar o cumplir. Los estándares jurídicos mínimos lo que pretenden no es que los países del norte, que no tienen experiencia, le impongan a los del sur cómo se tienen que comportar, la idea es establecer la reglas jurídicas de convivencia dentro del centro.
¿No se contempla entonces su desaparición y convertirlos en meros centros de identificación de inmigrantes para derivarlos luego a otras instituciones de acogida?
Aquí hay diversas realidades. La posición en la que estamos los juristas del CE que elaborando el código de estándares mínimos es la que buscar puntos de acuerdo de cómo creemos que deben estar regulados estos centros para que sean atendidos con dignidad, en función de sus propias realidades y circunstancias. Esos estándares mínimos no son compatibles con las devoluciones grupales y en caliente. Hay que saber quién es esa persona, cuál es su problema y actuar con arreglo a Derecho, y lo que buscamos es que todo eso se haga con el acuerdo de los 47 países.
¿Y cree que los Centros de Estancias Temporales de Inmigrantes (Cetis) de Canarias y de España se respetan esos derechos y se cumplen esas condiciones a día de hoy?
La verdad es que hay supervisión de los jueces, funcionarios que hacen su trabajo con la mayor voluntad y hay profesionales que se están partiendo el pecho por un funcionamiento digno de esos centros. Me parece innoble hacer una descalificación general. Sé que hay determinados aspectos que tienen que ser mejorados, pero si lo comparo con otras realidades que he conocido en otros países, tengo que defender el trabajo que se está haciendo en este sentido en Canarias y en España. Sé qué es lo que opinan algunas asociaciones, y que algunos proponen que desaparezcan todos los centros, y eso me parece muy bien desde el punto de vista de la agitación ideológica, pero los que estamos en la gestión del día a día de esta realidad procuramos poner cordura y sentido común para que estas personas sean bien atendidas cuando llegan aquí. Prefiero un funcionario o un representante de una asociación vinculada a una administración, y una regla jurídica antes que la nada.
En relación con los refugiados llegados a la UE ¿qué propuestas se trabajan?
Todavía no se han llevado a cabo todas las partes de los acuerdos alcanzados en el seno de la Unión Europea y todavía no estamos a la altura de lo que el ser humano merece. Hay que hacer un serio esfuerzo por mejorar. Estamos intentando gestionar un fenómeno que nos ha desbordado a todos. El CE puede hacer posible la introducción de criterios racionales acordados por todos y que vincule a todos. Intentamos establecer normas jurídicas cuyo incumplimiento suponga que antes o después un tribunal de justicia europeo establezca el criterio que se tiene que respetar, que será el código de los estándares jurídicos. Con respecto a los refugiados, nadie ha estado a la altura, todos tenemos que mejorar y lo que hacemos los juristas es tratar de establecer reglas que se hagan respetar y un tribunal que obligue a ello a los países.
¿El miedo a la entrada de yihadistas está pasando por encima del respeto a los derechos humanos de los refugiados?
El miedo nunca ha sido culto ni es un argumento jurídico, el miedo es una reacción visceral contra lo que se desconoce. Es evidente que hay gente que aprovecha el miedo para meter morralla ideológica y tratar de envenenar la realidad y difundir la xenofobia. Pero frente al miedo está el sentido común. Ni miedo ni odio, sino derecho, normas que se hagan respetar y tribunales que se impongan si alguien las vulnera.
