Podemos ha ordenado la expulsión definitiva de Juan Manuel Brito tras sus continuos enfrentamientos con la dirección en Canarias, su apuesta por lanzar Sí Se Puede en Gran Canaria y su negativa a rendir cuentas de su gestión en el Cabildo en los órganos del partido. Brito, líder del sector crítico de la formación morada, tiene quince días para recurrir esta decisión y dirimir su futuro.

La Comisión estatal de Garantías Democráticas de Podemos ha concluido el expediente abierto en noviembre al vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana de la corporación insular por apartarse de forma "grave" de las líneas del partido y por su "reiterada incomunicación y rebeldía sistemática" hacia los órganos regionales. Brito declinó ayer hacer declaraciones.

La Comisión Estatal de Garantías de Podemos acordó el 23 de noviembre abrir un expediente sancionador y suspender cautelarmente de militancia a Brito, a raíz de las denuncias que le acusan de estar en permanente "rebeldía", lo que estiman que pone en peligro la "credibilidad" de la formación. De hecho, apenas dos días después el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se posicionó junto a Meri Pita, secretaria general del partido en las Islas, en su batalla con Brito. "Un cargo público tiene que responder ante los órganos de Podemos y, si no lo hace, no es de Podemos", aseguró tajante Echenique.

Éste es el segundo expediente abierto contra Brito, suspendido de militancia en junio de 2015, tras una denuncia por un delito de abusos a la hija de su expareja. La denuncia salió a la luz justo el día en que se suscribió el pacto de gobierno entre Nueva Canarias, el Partido Socialista y Podemos en la institución insular. Él aceptó entonces ser apartado de la formación para no hacer daño a Podemos, pero nunca fue imputado ni llamado a declarar y la causa judicial fue archivada en septiembre de 2016.

Brito ha criticado en varias ocasiones que tal denuncia ha sido utilizada por personas ligadas a la dirección para atacarle en disputas políticas y a fin de tratar desacreditarle ética y políticamente.

La guerra interna entre el vicepresidente del Cabildo y la dirección de Podemos en las Islas ha sido constante. No ha habido tregua. Otro de los importantes desencuentros ocurrió en septiembre de 2015, cuando Meri Pita acusó a Brito y a la consejera de Igualdad, María Nebot, de "nepotismo" al intentar nombrar a la pareja de Brito como directora de Igualdad en el Cabildo. Al no haberse materializado esta designación, Madrid dio carpetazo al expediente disciplinario.

El cruce de acusaciones y los enfrentamientos entre Brito y Pita, y con dirigentes del entorno de la secretaria general, como el concejal de la capital grancanaria, Javier Doreste, han sido polémicos y han llegado, incluso, a los tribunales.

Entre las causas de su expulsión figuran las quejas de la dirección hacia Brito por avalar la matanza de cabras desde el Cabildo, el presunto nepotismo y su respaldo para promover Sí Se Puede, implantada desde 2007 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A ello se añade que la Comisión de Garantías reprocha que Podemos en el Cabildo no ha facilitado datos para el control de su gestión. Asimismo, ha tenido en cuenta el escrito de 92 cargos públicos y orgánicos y miembros de los círculos, que firmaron en octubre de 2016 un manifiesto en el que arremetieron contra el grupo del partido en el Cabildo y exigieron "recuperar el empoderamiento ciudadano sustraído por este grupo político".

Ahora, el cisma amenaza la presencia de Podemos en el Cabildo. La nueva crisis en la formación afecta al tripartito en el gobierno insular, donde Podemos -con cuatro consejeros- mantiene la alianza con NC y el PSOE. Brito dispone de quince días para presentar un recurso contra su expulsión, que, de hacerse efectiva, le aboca a pasar al grupo de no adscritos en la corporación.

Podemos exigirá a Brito que devuelva su acta de consejero. "Si la expulsión se ratifica tiene que entregar su acta, que no es personal, sino del partido", indicaron fuentes de la organización, que aludieron a la ley contra el transfuguismo.

La fractura en Podemos en Canarias se agranda antes de la Asamblea Ciudadana Estatal, conocida como Vistalegre 2, a celebrar del 10 al 12 de febrero y después se convocará la cita en las Islas.

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, prefiere esperar a que la expulsión sea firme para hacer una valoración y adoptar una decisión.