Canarias inicia mañana la cuenta atrás para poder lograr una nueva y mejor financiación autonómica, la gran reivindicación de la Comunidad Autónoma desde hace seis años. Es también uno de los grandes objetivos de muchas otras regiones, pero han sido los distintos gobiernos canarios de los últimos años los abanderados del frente que ha estado reclamándolo al Gobierno central. Los 800 millones anuales de déficit de cobertura de los servicios básicos en las Islas justifican este liderazgo político. Y ha sido el actual presidente regional, Fernando Clavijo, quien inició en septiembre pasado una campaña antes sus colegas de las demás comunidades, con varios de los cuales se llegó a entrevistar, reclamando al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, la celebración de una cumbre autonómica con este asunto como eje central.
La cumbre finalmente tendrá lugar mañana en su versión más institucional y grandilocuente, la Conferencia de Presidentes, que celebrará su sexta edición en el Senado y a la que el Gobierno central y las regiones han ido sumando diferentes temas hasta conformar un orden del día denso y apretado. Su principal punto sigue siendo, sin embargo, lograr un acuerdo básico que suponga el pistoletazo de salida para la nueva financiación tras más dos años de prórroga del aprobado en 2009. Las Islas tienen bien fijado ese objetivo en su participación en la nueva reunión con Rajoy sin perder de vista los demás.
El clima de entendimiento en el que se ha preparado la cumbre ha permitido elaborar un documento que fija un calendario básico de procedimiento para iniciar cuanto antes la difícil y compleja negociación pura y dura entre el Estado y las distintas comunidades autónomas. Primero se constituirá en el plazo de un mes una comisión de expertos, con representación estatal y de todas las autonomías (Canarias ya ha elegido a Arturo Melián, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), para que analice el funcionamiento del todavía en vigor, objetivo para el que utilizarán como base de trabajo un informe, hasta ahora desconocido, con datos y parámetros económicos entre 2009 y 2013. El grupo de expertos elaborará en un plazo aproximado de tres meses una propuesta que elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se llevará a cabo la negociación propiamente dicha, y que luego pasará como proyecto de ley orgánica al Congreso para su aprobación. Aunque no hay plazo final fijado, nadie piensa en tener listo un nuevo sistema que pueda entrar en vigor este año.
Canarias ha logrado que el documento que se aprobará mañana incluya el concepto de "solidaridad" como complementario a los principios de "eficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal" que contemplaba el texto inicial, y considera que con ello "garantiza la prestación de los servicios públicos en términos de igualdad" y, por tanto, que se reconozca y se asuma el sobrecoste que implica la prestación de los servicios públicos esenciales en un territorio fragmentado.
Aviso sobre Cataluña
El Gobierno regional ha buscado la alianza en esta lucha de otras comunidades, especialmente Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana, algunas de las consideradas más perjudicadas por el actual sistema. Pero en el fondo del debate subyace el temor de muchas de ellas a que la mejora quede supeditada a lo que el Estado pueda llegar a ofrecer a Cataluña para tratar de desactivar el proceso soberanista en esa comunidad. Las regiones gobernadas por el PP, en especial Galicia y Madrid, abanderan un frente de advertencia al Gobierno central de que no consentirán ningún privilegio a Cataluña.
Precisamente esa será una de las comunidades ausentes de la cumbre del Senado, dado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemot, la considera irrelevante en el contexto de su lucha con el Estado por la celebración de un referéndum de independencia. Tampoco acudirá el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que alega que "no se dan las condiciones" y apuesta por las relaciones bilaterales.
Esas ausencias, la primera vez que se producen en la historia de las cinco cumbres celebradas hasta ahora desde su instauración en 2004, convierten a Fernando Clavijo y a la navarra Uxue Barkos (Geroa Bai) en los únicos dirigentes nacionalistas presentes en la cumbre. También dan al presidente canario mayor protagonismo al constituirse prácticamente en el fiel de la balanza entre los representantes de las comunidades del PP, que lideran el gallego Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Cristina Cifuentes, y los de las del PSOE, visibilizados sobre todo a través de la figura de la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Clavijo acude, sin embargo, a la cita en una situación política muy diferente a la de septiembre pasado. Si entonces contó con la complicidad de las comunidades del PSOE, se arriesga a perderla tras romper el pacto con los socialistas en Canarias. Cuenta sin embargo con buena sintonía personal con la mayoría de presidentes socialistas y tiene además, por el otro lado, un acuerdo de fondo con el Estado para garantizarse 400 millones este mismo año precisamente de financiación autonómica extra eliminando la disposición de la ley actual que impide que Canarias, por disponer de régimen fiscal propio, participe del Fondo de Competitividad del actual sistema. Ese es, de facto, uno de los objetivos prioritarios canarios de cara al nuevo modelo.
Agenda común y apretada
La idea del Gobierno central, compartida por la mayoría de los mandatarios regionales, es convertir la cumbre en una reunión más operativa que en otras ocasiones, que se respete el carácter multilateral del foro, y en la que las reivindicaciones de cada territorio queden supeditadas a la necesidad de lograr acuerdos que, por genéricos que parezcan, sienten las bases de los importantes problemas que se pretenden abordar. La crisis económica y sus consecuencias en la calidad de los servicios públicos, y la necesidad de recuperar los niveles de prestación centran el debate en esta ocasión.
Además de la financiación autonómica, se aprobarán "acuerdos sobre educación, sobre el reto del envejecimiento y para establecer una estrategia nacional" sobre demografía, en la que Canarias ha logrado que se contemple el "hecho insular" a la hora de establecer medidas. Se pretende impulsar la tarjeta social, que consistirá en una base de datos que recogerá las ayudas sociales de todas las comunidades y ayuntamientos para que no haya duplicidad y ninguna persona se quede sin ella. También hay un acuerdo para aplicar la Ley de Unidad de Mercado y para que las comunidades se impliquen en el bono social y de suministro energético aprobado hace poco por el Congreso.
Empleo, agenda europea, empleados públicos y creación de una comisión de Protección Civil para coordinar mejor los efectivos para afrontar emergencias y catástrofes son otros de los asuntos que abordará la Conferencia.
