¿Qué factores condicionan el sistema de financiación vigente para que sea tan denostado? ¿Se negoció mal desde el principio?
Los aspectos negativos tienen que ver con que hay una serie de comunidades autónomas que obtienen una financiación per cápita bastante inferior a otras. Estas diferencias no tienen que ver con las distintas capacidades fiscales de las comunidades sino por el llamado statu quo, es decir, diferencias que tienen su origen en modelos anteriores que vienen del pasado. La insatisfacción no es sólo por estas diferencias entre regiones, sino porque existe una queja generalizada sobre la insuficiencia de los recursos que proporciona el sistema de financiación. Todo esto sin perjuicio de la excesiva complejidad del modelo y de la falta de claridad.
Canarias pierde cerca de 700 millones anuales para los servicios públicos, ¿lo que no sea recuperar esos fondos sería un fracaso en el nuevo sistema?
Según nuestros cálculos lo que pierde Canarias son 681 millones de euros anuales de media. Esta cantidad es lo que hubiera recibido de más la Comunidad si tuviera una financiación igual al promedio ya que ingresa un 14% menos de la media del sistema. Lo deseable es acercarse a este objetivo de promedio, entre otras cuestiones porque Canarias tiene una renta per cápita inferior a otras regiones.
¿Qué elementos imprescindibles debería tener el nuevo sistema para que Canarias no salga perjudicada?
En primer lugar Canarias debe aspirar a que el próximo sistema de financiación aumente el nivel de recursos que se distribuyen de forma homogénea entre las comunidades autónomas, esto significa un incremento de la solidaridad, lo cual no quiere decir que hasta ahora no haya habido solidaridad sino que para acercarnos al promedio se requiere un mayor esfuerzo en ese sentido. Un segundo factor relevante es el encaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el próximo modelo. Canarias deberá intentar que estos recursos queden al margen totalmente del sistema de financiación porque se trata de una situación que se ha incluido siempre hasta el modelo actual. En tercer lugar, también es importante cómo se van a cubrir las necesidades de financiación en materia de servicios públicos fundamentales en las distintas comunidades autónomas.
¿Y se puede determinar el coste real de los servicios públicos?
La realidad es que la financiación evoluciona con unas reglas en las que subyace el comportamiento de la economía, por lo tanto estas circunstancias, junto con todas las exigencias que hay en materia de estabilidad presupuestaria, hacen que el coste de los servicios tenga que adaptarse a la financiación disponible.
¿Cómo se concreta el criterio de la solidaridad en el sistema?
En el ámbito del sistema de financiación la solidaridad se concreta de dos formas: hay aportaciones de las comunidades contribuyentes a las receptoras, es decir, de las que tienen una renta per cápita superior al promedio a las que que tienen una renta inferior. Otra forma de materializar la solidaridad es con cargo a los presupuestos generales del Estado. De cara al próximo modelo de financiación habrá más solidaridad si se incrementan esas transferencias entre comunidades y si el Estado aumenta sus aportaciones con el objetivo principal de mejorar la capacidad financiera de las regiones con menor capacidad fiscal.
¿El factor de la insularidad ha estado insuficientemente reconocido hasta ahora?
La insularidad, junto con otras variables, es uno de los factores que se consideran en el actual sistema para distribuir los recursos. Canarias recibe por este criterio algo más de 300 millones de euros anuales, sin embargo otros criterios como el envejecimiento o la dispersión de la población no le son favorables. No es únicamente la insularidad lo que nos afecta sino también otros factores.
Rajoy avisó en la Conferencia de Presidentes que la recaudación es inferior en 20.000 millones a la que había antes de la crisis, ¿qué impacto puede tener?
La situación actual es que España incurre todavía en déficit estructural. Este escenario hace difícil prever que se puedan añadir recursos adicionales en el sistema de financiación, al menos en una cuantía importante. Lo más realista es que el nivel de recursos no se vaya a aumentar.
¿Cómo afecta al sistema el hecho de que la presión fiscal no sea la misma en unas comunidades que en otras?
Estas diferencias entre comunidades son el resultado de las competencias normativas que el Estado ha cedido a las regiones. El ejercicio de estas competencias para reducir o bonificar impuestos no afecta a las otras comunidades, sino únicamente a la región que baja los tributos. No obstante, muchos autores defienden que para impuestos como Sucesiones o Patrimonio sería deseable establecer unos topes mínimos y máximos. El sistema está diseñado de tal modo que lo que haga una comunidad en este sentido no afecte a las demás contribuyendo menos.
¿Si Cataluña se descuelga quedaría cojo el nuevo modelo?
Sin perjuicio de los problemas de toda índole que supone la situación política actual de Cataluña, la realidad es que el sistema de financiación se regula por ley aprobada por el Congreso de los Diputados, por lo que llegado el momento si se aprueba la norma sería de aplicación también en Cataluña.
¿Ve viable que en este mismo año se pueda aprobar el nuevo sistema como se han comprometido en la Conferencia?
Desde un punto de vista técnico creo que sí se puede hacer en este año. Otra cosa es el proceso político y si hay o no las mayorías necesarias para aprobarlo, lo que es una cuestión que se me escapa. Hay tiempo suficiente cuando se constituya el comité de expertos.
¿Cree positivo que la Conferencia de Presidentes sea vinculante en sus acuerdos?
Efectivamente, hay un compromiso para que el grupo de expertos se constituya en el plazo de un mes y después se ponga inmediatamente a trabajar.
