Las dos patronales provinciales, CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), y los dos principales sindicatos en España y en las Islas, CCOO y UGT, rechazaron ayer de plano que las políticas activas de empleo (PAE) queden supeditadas a intereses políticos, algo que, a su juicio, ha ocurrido con el dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) destinado para empleo. El secretario general de UGT en la Comunidad Autónoma, Gustavo Santana, se mostró tajante al respecto: "Las políticas activas de empleo son una figura con la que no se puede jugar al antojo de nadie".
Patronales y sindicatos se reunieron en Santa Cruz de Tenerife para firmar y dar a conocer públicamente el II Acuerdo bipartito para la negociación colectiva, la competitividad, el empleo y la inclusión social, un documento que "debe marcar la línea de la sexta concertación social", en palabras del secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. El acuerdo, una suerte de segunda versión del suscrito en mayo de 2014 y que se elevará ahora tanto a las distintas fuerzas políticas como al propio Gobierno de Canarias, se orienta hacia dos objetivos fundamentales: la mejora en la negociación colectiva y el perfeccionamiento de las políticas de empleo, para que, entre otras cosas, contribuyan al impulso del emprendimiento.
Aunque con más contundencia desde los representantes sindicales, unos y otros aprovecharon la presentación del acuerdo para dejar claras sus líneas rojas al Ejecutivo regional, "a este o al que venga", puntualizaron. En este sentido pusieron especial énfasis en las políticas de empleo, que deben preservarse de cualquier deriva "insularista" y que "tienen que tener un operador, que debe ser el Gobierno de Canarias", subrayó Santana. Así pues, empresariado y sindicatos, que denunciaron cómo "desapareció" lo que se había hablado en la mesa de la concertación social sobre los fondos del Fdcan destinados para políticas activas de empleo -que finalmente se distribuyeron entre los cabildos de forma "clientelar", según el secretario general de CCOO, Carmelo Jorge-, dejaron claro que este dinero no se puede "insularizar". En consecuencia, las cuatro organizaciones apuestan por que sea el Servicio Canario de Empleo el organismo encargado de gestionar estos recursos. Asimismo, defienden que "en esta línea deben ejecutarse las políticas activas de empleo marcadas en el Fdcan" y que suman 20 millones al año.
"Tomamos nota de lo que pasó con el Fdcan", agregó Jorge, que recordó al Gobierno que preside Fernando Clavijo que CEOE-Tenerife, CCE, UGT y CCOO son "el 90% de la representación sindical y empresarial de las Islas", una "fuerza" que les da "legitimidad moral y social". "Nosotros sí que no estamos en minoría", sentenció en clara alusión al gabinete, de momento precisamente en minoría, de Coalición Canaria. "Los partidos han de saber cuáles son aquellas cuestiones que no se pueden manosear políticamente, así que de este acuerdo todos deberían tomar buena nota", remató Santana.
Al hilo de las palabras de los representantes sindicales, Pedro Alfonso calificó de "notorio" que el Ejecutivo autónomo tendrá que "compartir" los postulados de este acuerdo bipartito, un acuerdo cuya "fortaleza" reside, precisamente, en que Gobierno y fuerzas políticas "van a tener que asumirlo", añadió el secretario general de UGT. "Este Gobierno de Canarias, o el que sea, tiene que ser consciente de que el diálogo y el consenso no solamente parten de ellos", enfatizó.
El secretario general de la CCE, José Cristóbal García, expuso, por su parte, que el acuerdo alcanzado "debe valorarse" en su justa medida, ya que ha supuesto "muchas horas de diálogo y negociación". Tanto García como Alfonso exhortaron al Ejecutivo a dialogar "cuanto antes" con los agentes sociales.
