El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado este lunes su deseo de que "se haga Justicia" con Victoria Rosell, la juez que encabezó la candidatura del partido por Las Palmas en 2015, pero que tuvo que abandonar la política por unas acusaciones ya archivadas.

"Hoy @VickyRosell debería ser diputada, pero ser valiente y digna sale caro en España. Ojalá se haga justicia", defiende en su cuenta de Twitter el líder de Podemos, que en varias ocasiones ha dicho que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria hubiera sido su ministra de Justicia de haber gobernado.

Victoria Rosell se vio salpicada en la campaña de 2015 por una investigación disciplinaria abierta por la Fiscalía, que consideraba que había vulnerado sus obligaciones profesionales como juez al no apartarse de la instrucción de un caso por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, a pesar de tener posibles intereses personales en el asunto.

En concreto, la Fiscalía vinculaba esos supuestos intereses con el hecho de que la UD Las Palmas hubiera comprado por 300.000 euros a la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, los derechos de explotación de una licencia de radio en FM.

El Consejo General del Poder Judicial exoneró después a Rosell de cualquier mala conducta profesional en ese procedimiento y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la investigación abierta por la Fiscalía, porque no tenía competencias disciplinarias sobre la juez y porque vulneró sus derechos como candidata.

Sin embargo, el exministro José Manuel Soria se querelló entonces contra Rosell por cohecho, prevaricación y retardo malicioso de una causa penal porque entendía que la instrucción que había realizado la juez en el caso contra el empresario Ramírez estaba influenciada por sus intereses personales y los de su pareja.

Archivadas esas acusaciones de Soria, es ahora Rosell la que le pide cuentas al expresidente del PP de Canarias por injurias, calumnias y delito electoral, ya que considera que le imputó en falso una serie de hechos con el propósito de perjudicarla en su candidatura y apartarla de la política.