El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar el próximo 7 de febrero al exministro José Manuel Soria como imputado en la querella por calumnias, injurias y delito electoral que la juez Victoria Rosell presentó contra él en diciembre pasado, según publicó el diario digital CanariasAhora. La querella exige responsabilidades a Soria por las acusaciones que dirigió en varias manifestaciones públicas contra la juez en la campaña electoral de 2015, en la que Rosell competía con el entonces ministro en la circunscripción de Las Palmas como cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, expresó en un tuit ayer que espera que se haga justicia, en apoyo a la jueza. Rosell confirmó a Efe que pretende que Soria responda en los tribunales por una serie de manifestaciones que hizo contra ella en aquella campaña electoral, en la que la acusó de protagonizar "el mayor escándalo de corrupción judicial de la historia de Canarias". La juez acusa a Soria de calumnias e injurias por haberle imputado la comisión de varios delitos y propone que sus palabras se tipifiquen también como delito electoral, ya que la ley que regula los comicios en España prevé que las calumnias proferidas en campaña contra un candidato serán castigas con la mayor pena prevista en el Código para ese tipo de delitos. La magistrada no tiene "ninguna duda" de que las declaraciones de Soria durante aquella campaña estaban dirigidas a perjudicarla en las elecciones. "Estoy convencida desde el principio", subraya. También pide a Soria que la resarza por los perjuicios materiales y morales que le ha ocasionado. "Creo que son evidentes el daño causado a la persona y al entorno y también los perjuicios económicos. Yo tuve que dimitir por una querella que solo sostenía él", añadió.

Victoria Rosell se vio salpicada en esa campaña por una investigación disciplinaria abierta por la Fiscalía, que consideraba que la juez había vulnerado sus obligaciones profesionales al no apartarse de la instrucción de un caso por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, a pesar de tener posibles intereses personales en el asunto. El Consejo General del Poder Judicial exoneró después a Rosell de cualquier mala conducta profesional y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la investigación abierta por la Fiscalía. Soria se querelló entonces contra Rosell por cohecho, prevaricación y retardo malicioso de una causa penal. El Tribunal Superior de Justicia archivó esas acusaciones el pasado 5 de diciembre y al pago de un tercio de las costas, lo que llevó a Rosell a reactivar la querella.