La Fiscalía solicita un año y tres meses de cárcel y una multa de 3.600 euros para el exdiputado nacional José Carlos Mauricio, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Manuel Benítez, y su pareja sentimental, la ciudadana cubana Mayra Despaigne Díaz, por un delito de falsedad en documento oficial.

En su escrito de acusación, la fiscal Teseida García acusa al exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de aceptar realizar un contrato simulado a favor de Despaigne a través de la Fundación Centro de Estudios Canarios que él preside, con el fin de que ella pudiera lograr el permiso de residencia en España.

El Ministerio Público sostiene que fue Juan Manuel Benítez quien propuso y consiguió que su amigo Mauricio hiciera el contrato, ya que sin la oferta de empleo no se reunirían todos los requisitos para la obtención de la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Por esta razón, Benítez "buscó la posibilidad de realizar el contrato de trabajo a través de alguna de sus amistades, a sabiendas de que el mismo carecía de objeto y de que a quien fuera el empleador no le supondría ningún coste, pues el contrato sería un documento totalmente simulado con un solo fin, esto es, presentarlo en un expediente de autorización de residencia", aduce la fiscal.

En esta línea, apunta que los tres encausados "sabían" que la mujer "no trabajaría nunca en el objeto del mismo y que, además, el empleador no se vería obligado a pagar las cantidades obligadas a la Seguridad Social, ya que serían abonadas" por Benítez.

El contrato fue firmado por el exparlamentario y Despaigne el 20 de noviembre de 2014 y ella obtuvo la autorización de residencia y trabajo el 12 de enero de 2015.

La fiscal interesa la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal y considera a Mayra Despaigne y José Carlos Mauricio autores del delito de falsedad documental y acusa a Benítez en concepto de inductor.

Asimismo, en su escrito, solicita sustituir la pena privativa de libertad que se le imponga a la mujer por su expulsión del territorio nacional.

"Esto es una persecución"

Sin embargo, el exportavoz de CC en el Congreso de los Diputados entre 1996 y 2003 ha negado este miércoles irregularidades en el contrato de trabajo y expresó su sorpresa ante la filtración del escrito de la Fiscalía antes de ser notificado a las partes.

"No hay ningún tipo de falsificación de nada, estaba todo correcto", argumentó Mauricio, que insistió en que no le une "ningún tipo de relación especial" con la ciudadana extranjera, sino "puramente profesional", ya que "estuvo trabajando" en su fundación. De hecho, durante la instrucción de la causa él aportó la documentación al respecto al juzgado para acreditarlo, si bien añadió que nuevamente "se demostrará en el juicio".

"Ella me ayudaba, hizo parte de su trabajo desde su domicilio porque era de documentación para un estudio turístico. Ella tenía que buscar en Internet toda la información que yo necesitaba y que aporté al juzgado y volveré a presentar como prueba", apostilló.

Mauricio considera que es víctima de "una persecución política totalmente injusta y arbitraria" por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.

"Esta historia es muy absurda. El juicio va a ser una exhibición interesante de cómo actúa ese juzgado, con pura arbitrariedad", concluyó.

Hace unos meses, el exportavoz de CC se mostraba convencido de que en el juicio podría demostrar su inocencia y eso es lo que todavía espera poder hacer.