El vicepresidente y consejero de Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), ha confiado este jueves en que impere el diálogo y pueda llegarse a un acuerdo en el conflicto abierto con los estibadores, dada la importancia estratégica que tienen los puertos para las islas.

Tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Canarias de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, el vicepresidente regional ha indicado a los periodistas que espera, por ello, que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno central que concilie lo que exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los derechos de los estibadores.

El Gobierno de la Nación ha aplazado una semana la aprobación de un real decreto ley para liberalizar la estiba, en cumplimiento de la sentencia europea de 2014, que tendrá que ser convalidado luego por el Congreso y que ha generado el conflicto con los trabajadores portuarios, contrarios a la reforma del sector.

Rodríguez ha hecho hincapié en que más del 80 por ciento de las mercancías que llegan a Canarias entran por los puertos, por lo que ha insistido en la necesidad de diálogo, ante la huelga que ha sido aplazada por los estibadores al posponer el Gobierno central la aprobación del real decreto.

Sobre este conflicto también se ha pronunciado el presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas, quien ha manifestado que espera que los grupos políticos en el Congreso aborden esta cuestión desde un punto de vista técnico, pues de lo que se trata es de trasponer al ordenamiento jurídico español una normativa europea que permitirá adaptar los puertos españoles a los europeos.

Manrique de Lara ha señalado que confía en que se consiga un amplio consenso para proceder a esta adaptación, que entiende que debe ser paulatina.

El presidente de la CCE ha subrayado que "ninguna empresa garantiza la plantilla, sino la estabilidad de sus trabajadores", al tiempo que ha destacado la profesionalidad de los estibadores, que se demuestra en la baja siniestralidad que presenta el sector.

Así mismo, ha considerado que "no se trata de obtener mano de obra más barata" en los puertos y ha insistido en que el objeto es dar cumplimiento a una sentencia para evitar una situación de monopolio y poder disponer de "un marco parecido al de los países con los que se compite".