La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) reclamó este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la equiparación de todas las víctimas de actos de esta naturaleza. La presidenta del colectivo, Lucía Jiménez, celebró asimismo que el Gobierno de Canarias haya "reactivado" su interés por dotar a la comunidad autónoma de una ley que proteja a las víctimas, unas 300 en todo el Archipiélago.

Zoido, que estuvo acompañado en el encuentro por su directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, se mostró receptivo a las demandas, según explicó Jiménez. En la actualidad hay 600 casos sin resolver en la Audiencia Nacional. Muchos de ellos responden a atentados ocurridos hace decenas de años. Alrededor de 300 isleños fueron secuestrados, asesinados o heridos por el Frente Polisario y el Mpaiac.

A diferencia de los actos terroristas juzgados y sentenciados, los familiares y las personas objeto de los atentados sin resolver no pueden recibir las indemnizaciones correspondientes ni recibir las ayudas contempladas en la ley estatal. Por eso, durante la reunión exigieron "la urgente equiparación" para que las víctimas aún pendientes de sentencia puedan acceder a las indemnizaciones en igual medida que las que ya han visto resueltos sus caso en los tribunales. "España no puede mirar hacia el futuro con un reguero de 600 atentados sin resolver", resaltó ayer la presidenta de Acavite.

En 2015, este colectivo obtuvo el reconocimiento oficial de su estatus de víctimas en un acto celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno central en las Islas. Sin embargo, como explica Lucía Jiménez, "queda aún mucho por hacer". Por ejemplo, en el propio Parlamento de Canarias, una de las pocas cámaras autonómicas en las que hasta la fecha no se ha sustanciado una ley de protección a las víctimas del terrorismo.

Sin embargo, esta tónica parece estar cambiando. Ayer mismo, hubo presencia del Ejecutivo canario en un encuentro celebrado con el propio Zoido. Acavite espera que sea el primer paso para que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que dirige José Miguel Barragán, impulse la entrada en el Parlamento canario del proyecto de ley que demandan. "Una pregunta parlamentaria del PP lo reactivó", detalló Jiménez.

Por otro lado, en la reunión del miércoles, Acavite y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, de la que es vicepresidenta la propia Jiménez, expusieron al ministro su apuesta "por el escclarecimiento de todos los atentados terroristas cuya autoría aún se desconoce". Abogó para ello por "la detención de todos los terroristas huidos". Además, mostró su "más absoluto rechazo a cualquier plan de reinserción que no se sustente en el requisito de colaborar con la Justicia".