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El acelerón del último año no logra sacar a Canarias de la cola en dependencia

El Archipiélago es la segunda región con mayor incremento de nuevos beneficiarios, un 21,4% más, pero lidera el ranking de personas en lista de espera

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales

Tras diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, Canarias sigue a la cola en su aplicación. Esta comunidad autónoma sigue ocupando el último lugar en el ranking nacional en los indicadores claves del sistema, aunque ya se percibe una ligera mejoría. En 2016 el Archipiélago fue la segunda región que más aumento registró en cuanto a nuevas personas atendidas, 2.967, un 21,4% más respecto al año anterior hasta sumar 16.852 beneficiarios, un incremento alentador que contrasta con que todavía 13.911 personas aguardan una respuesta, la mayor lista de espera del país.

Canarias mejoró el año pasado el sistema de protección social, pero sigue con el peor servicio. Ésa es una de las conclusiones de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales, que publicó ayer el informe anual de su Observatorio sobre la Dependencia, en el que hace balance de la primera década del texto legislativo.

A fecha 31 de diciembre de 2016 había en España 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida -dos tercios mujeres y el resto hombres- y otras 103.238 pendientes de valoración. Más del 70% de los reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

En los últimos cinco años 150.000 dependientes con derecho reconocido fallecieron sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios, 90 personas cada día.

El recorte acumulado del Estado en dependencia desde 2012 asciende a 3.734 millones de euros, según el estudio divulgado.

58,4 millones menos

Minada por la caída de recursos, la falta de inyección de fondos es uno de los principales obstáculos de la ley. Canarias arrastra la tasa más baja de beneficiarios potenciales realmente atendidos, sólo el 4,37% de los que tendrían derecho a una prestación -frente al 8,47% estatal- y la menor inversión pública, con 300,10 euros por dependiente, muy lejos de los 906,51 euros que destina Cantabria, que lidera la clasificación y por debajo de la media nacional, que se sitúa en 554,97 euros.

A ello se añade que aunque la lista de espera se ha reducido en 2.215 personas en las Islas en un año, sigue siendo el territorio con más demoras: 13.911 continúan desatendidas, un 43% de los solicitantes.

El informe sobre Canarias es "demoledor y muestra una dura realidad, pero tiene datos para la esperanza", reconoció ayer el presidente de la organización nacional encargada del estudio, José Manuel Ramírez, que destacó que ésta ha sido la segunda región que más ha aumentado el número de asistidos en 2016, un 21,4%. Casi 3.000 dependientes se han incorporado al sistema, una cifra inédita, pues en 2015 entraron apenas 142 usuarios. En 2014 se anotó el segundo mayor alza, con 2.329 nuevos atendidos, mientras que el año anterior sólo hubo 341 ingresos y en diciembre de 2011 se contabilizaron 746 altas.

"La desidia e impericia del Gobierno de Canarias durante los últimos nueve años ha provocado una situación de partida terrible", destacó Ramírez, que criticó la gestión de la exconsejera de Políticas Sociales, Inés Rojas (CC), al "no desarrollar" la ley durante ocho años, a pesar de que "ya estaba implantada en el resto de España". Admitió que en el último año, con el departamento en manos de Patricia Hernández (PSOE), "la tendencia ha cambiado" y confía en que su sustituta, Cristina Valido (CC), "agilice más el sistema".

Para ello, Canarias "necesita más dinero" -continuó Ramírez-, ya que ha dejado de recibir 58,4 millones de euros en los últimos cinco años como consecuencia de los recortes estatales. En concreto, 12,5 millones menos de Madrid sólo en 2016. El Gobierno autonómico aporta el 77% de la financiación pública, pese a que la legislación establece que "debe ser al 50%".

Es más, si no se hubiera producido esa merma de partidas, habrían sido atendidas 1.850 personas más en las Islas y rebajado la abultada lista de espera.

Con todo, el Gobierno regional va a elaborar un estudio para "tener la certeza" de cuánto dinero se invierte en dependencia. El objetivo es determinar el gasto real en esta materia, anunció ayer el viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, que explicó que un elemento que diferencia al Archipiélago del resto del Estado es la participación de los cabildos directamente en la gestión de este servicio. Las corporaciones insulares dedican "muchos recursos" a los programas, "pero no aparecen contabilizados" dentro del sistema para la autonomía y atención a los dependientes.

Según los datos que maneja el Ejecutivo, en 2016 fueron atendidas 14.169 personas y ahora 17.230 reciben prestaciones, último dato actualizado ayer. Candil lamentó que Canarias siga al final de la tabla en la aplicación de la ley, pero señala que "poco a poco se irá notando" un aumento de personas atendidas. De hecho, ya se ha puesto en marcha un plan de choque, con la incorporación de 36 profesionales a los equipos de valoración para "dar un empujón a esta materia". Además, el presupuesto para Dependencia y Discapacidad gana este año 15 millones hasta totalizar 152 millones, un 11% más.

Como solución para reducir las listas de espera, aboga porque los técnicos de los cabildos puedan atender también a personas pendientes de valoración (6.507).

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Iñaki Lavandera, valoró ayer la gestión realizada por este partido al frente de Política Social hasta el pasado 23 de diciembre, ya que "después de diez años de inacción la primera noticia positiva" es que Canarias se sitúe como la segunda comunidad que más avanzó en atención a la dependencia en 2016. Lavandera elogió, por tanto, la labor de Patricia Hernández y su equipo durante su año y medio al frente de la Consejería.

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