La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias iniciará una ronda de contactos con los agentes sociales y económicos, las universidades, los ayuntamientos y los cabildos para proceder a una reforma fiscal "profunda" que sirva para los diez o veinte próximos años.
La responsable de este área, Rosa Dávila, ha explicado este lunes que el Consejo de Gobierno ha decidido abrir este proceso de consultas con el objetivo de tener a finales de este año un documento que se pueda llevar al Parlamento de Canarias en 2018 y que no sea "unilateral", sino producto del "diálogo" entre todos los agentes implicados.
Dávila considera "difícil" abordar una reforma "de este calado" en menos tiempo, si bien ha dicho que pretenden incorporar ya algunas medidas en paralelo a la Ley de Presupuestos de 2018.
En cuanto a su contenido, al ser preguntada si se bajara introducir la propuesta formulada por algunos empresarios de introducir un IVA reducido en sustitución del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), ha dicho que "tajantemente no", ya que implicaría perder la capacidad legislativa que tiene Canarias en esta materia, pues se traspasaría al Estado.
La consejera ha indicado además que el Gobierno no ha elaborado un documento previo sobre la reforma, si bien ha adelantado que descarta subir los tipos del IGIC y ha señalado que lo que existe es una propuesta de reducirlos debido al incrementado que se ha producido en la recaudación.
Esta propuesta de reducción se debatirá, pero tendrán que estar de acuerdo los cabildos y los ayuntamientos porque casi el 60 por ciento de sus presupuestos dependen de este bloque de financiación.
Tanto la Federación Canaria de Islas como la de Municipios deberán designar un experto en materia de tributos para que asista a esta negociación, ha añadido Dávila.
La responsable en materia de Hacienda ha considerado necesario efectuar esta reforma por entender que la fiscalidad es "una herramienta de cohesión fiscal y económica con la que se puede interceder sobre el conjunto de la economía para hacer las islas más iguales y que las rentas se equiparen".
Por otra parte, la consejera ha informado, en relación a la oposición de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura a los proyectos de Red Eléctrica de España para instalar las nuevas líneas de alta tensión en estas islas, que desde el Gobierno se sigue trabajando para llegar a un acuerdo que permita conciliar posiciones.
La voluntad del Ejecutivo es garantizar el transporte de la energía y mantener el máximo respeto a las instituciones de las islas, para asegurar la conexión entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y evitar un "cero energético".
Así mismo, Dávila ha informado de que el Consejo de Gobierno ha destituido a Juan Manuel Bethencourt como director general de Comunicación del Ejecutivo y ha elegido para ocupar este cargo a la periodista Cristina Maffiotte.
Dávila ha agradecido a Bethencourt el año y medio de trabajo en este puesto y su "buena labor" desempeñada.
