Casi seis años después, el diputado regional y líder de la formación ASG, Casimiro Curbelo, todavía no ha podido dar por superado uno de los episodios más polémicos y llamativos de su dilatada carrera política, el altercado que protagonizó en un club nocturno madrileño el 14 de julio de 2011 cuando era senador socialista por La Gomera, y la detención policial que se le practicó tras enfrentarse a unos agentes. El político gomero podría tener que sentarse en el banquillo tras la decisión ayer del Tribunal Supremo de dar por concluida la investigación sobre los hechos y dictar el auto para llevarlo a juicio por el conocido como caso Gola, por el nombre del club-sauna de la zona de bares de Azca, en Madrid, donde se produjo el incidente. Este suceso fue el origen del consiguiente distanciamiento entre Curbelo y su partido de entones, el PSOE, y la posterior creación en La Gomera del partido insularista que hoy dirige.
Según el instructor de la causa, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela, la actuación del político ante los policías nacionales aquella noche puede ser provisionalmente calificado como delito de resistencia grave en concurso con falta de lesiones leves, según los artículos 550, 551.1 y 617.1 del Código Penal vigente en el momento en que se produjeron los hechos. En ese momento, Curbelo iba acompañado por su hijo Casimiro Aday Curbelo, que entonces tenía 26 años, y por un amigo de este. Según los testigos del local , fue precisamente el hijo quien, en evidente estado de embriaguez, inició la discusión con otros clientes y las chicas que trabajaban en él, en una actitud que calificaron de "agresiva y chulesca", y que el senador se sumó luego a la discusión hasta que ambos y la persona que les acompañaba fueron expulsados del club.
El auto señala que de las diligencias previas se deriva "como hecho específicamente atribuido al aforado", que el 14 de julio requirió el auxilio de unos agentes policiales para que llevaran a cabo una intervención dentro del local por el mencionado altercado. El texto judicial recoge que "ante lo que estimaron indebida denegación del auxilio, el aforado se dirigió a ellos con expresiones en las que, entre otras, tildaba a los agentes de terroristas, y de ilegal la detención que los agentes llevaban a cabo de uno de los que acompañaban al aforado", en referencia a su hijo. "Soy senador y vosotros, más que policías, sois unos terroristas y unos borrachos. No sabéis con quien estáis tratando. Soy del Senado, voy a ir uno por uno a por vosotros", profirió el entonces senador, según la instrucción.
El auto continua que en el curso de esos hechos, el político gomero "golpeó con su mano" a uno de los agentes, "llegando a abalanzarse sobre él y causándole lesiones consistentes en eritema en zona anterior de ambos brazos, zona latero-cervical anterior izquierda y dorso de mano izquierda, que curó en un día sin tratamiento médico necesario".
Estos hechos han sido negados durante la instrucción en todo momento por Curbelo, que a su vez interpuso denuncia contra los agentes policiales por considerar que el agredido había sido él.
En todo caso, el auto del juez instructor de la Sala de lo Penal del Supremo señala que todos los testigos policiales coinciden en el relato de los hechos y que uno de ellos incluso destaca "la necesidad de intervención de varios compañeros para esposar al aforado porque se resistía de manera activa" .
El magistrado asegura en su auto que, dada la "exhaustiva instrucción" por parte del juzgado de procedencia - Instrucción número 37 de Madrid-, hay "indicios bastantes para estimar probable la realidad de los hechos". Y da diez días al fiscal y a las acusaciones personadas para solicitar la apertura del juicio o, en su caso, el sobreseimiento.
El procedimiento ha tenido una compleja instrucción ya que ha pasado por varios tribunales en función de la condición política de Curbelo y de las distintas circunstancias de la causa. Inicialmente se ocupó el Supremo, pero pasó al Juzgado número 37 de Madrid cuando el político dejó de ser senador el 19 de julio de ese mismo año. La Sala Segunda del Supremo asumió la competencia el pasado 18 de noviembre tras recibir una exposición razonada del tribunal originario en relación con la condición de aforado de líder de ASG en su calidad de diputado regional, y por tratarse de hechos ocurridos fuera de la Comunidad Autónoma. Entre medias, cuando las diligencias todavía estaban en manos de la competencia de los juzgados ordinarios, la Audiencia de Madrid anuló el auto de 2013 que daba por terminada la instrucción y preparaba el caso para el correspondiente juicio oral.
