La magistrada María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la investigación de la denominada operación Gloria, ha citado a declarar en calidad de investigados -lo que con anterioridad a la última reforma del Código Penal se correspondía a la figura de imputado- a Rubén Fontes, exjefe de Producción de Radiotelevisión Canaria (RTVC); Santiago Falcón, director de Doble Diez Comunicación, y Raúl Rivero, propietario de Audiovisual Siete Mares.
La comparecencia judicial de los tres investigados ha sido fijada para el próximo 23 de marzo, tal y como la juez ha comunicado a las partes personadas en este procedimiento que investiga presuntas irregularidades en la contratación de productoras audiovisuales por parte de RTVC durante la etapa en la que Guillermo García-Machiñena desempeñó el cargo de director general, entre diciembre de 2007 y marzo de 2015.
Esta causa forma un sumario con cuatro piezas separadas, de las que aún está decretado el secreto de actuaciones en una de ellas. La magistrada investiga contratos suscritos entre la Televisión Pública Canaria y varias productoras audiovisuales por un valor que ronda los 24 millones de euros. Esta cantidad incluye, además de los contratos firmados por Doble Diez Comunicación y Audiovisual Siete Mares, los que se suscribieron con Amanecer Latino, propiedad de Paco Padrón, que habría facturado a RTVC alrededor de 2,3 millones de euros entre 2008 y 2009.
Tras declarar el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones en tres de las piezas separadas a principios de este mes de febrero, la magistrada juez María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo ha dictado un nuevo auto, del que dio traslado a las partes en la jornada de ayer, que manifiesta la "existencia de indicios suficientes de delito" sobre Fontes, Falcón y Rivero después de analizar el contenido de los informes elaborados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Dos empresas más
Los agentes policiales iniciaron las pesquisas después de que la juez ordenase, mediante diversos oficios a partir de noviembre de 2015, la práctica de diligencias de investigación sobre los contratos firmados entre RTVC y las productoras Doble Diez Comunicación y Audiovisual Siete Mares. Los contratos de la primera de estas dos empresas suscritos con la Televisión Pública Canarias se elevan hasta los 18,9 millones de euros, mientras que las facturas registradas a cargo de Audiovisual Siete Mares, alcanzarían los tres millones de euros.
Las conclusiones de dichos informes fueron entregadas a la magistrada a finales de 2016. En ellas se exponen datos económicos, contrataciones y declaraciones de testigos vinculados con los hechos que se investigan después de que en diciembre de 2014 se presentaran dos escritos que denunciaban las presuntas irregularidades que se habrían estado cometiendo en la Televisión Pública Canaria a lo largo de los últimos siete años con la contratación de determinadas productoras audiovisuales para la realización de programas. Los investigadores apuntan, con la información recabada, que se habría producido un supuesto "trato de favor" por parte de los responsables de la Televisión Pública Canaria a la hora de contratar a unas productoras audiovisuales en detrimento de otras empresas del sector, aunque estas últimas ofrecieran precios más bajos. Algunos testigos, incluso, han llegado a declarar que "fueron presionados" para contratar a la productora más cara.
También señalan los investigadores que, según la información obtenida por parte de expertos del sector audiovisual que han peritado algunas de las obras compradas por la RTVC, "hubo programas por los que el ente público pagó unos precios desorbitados, que no se ajustaban al precio de mercado". Hasta la fecha, la magistrada había imputado al exdirector general de RTVC, Guillermo García-Machiñena, y al productor Paco Padrón por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. De igual manera, la juez imputó a la exdirectora financiera del ente público, Lourdes Reyes, por la presunta autoría de los delitos de prevaricación y malversación de caudales
Los tres investigados declararon ante la magistrada juez a finales del mes de julio de 2015. Tras responder a las cuestiones que les planteó la juez María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo; la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez; y los letrados que están personados en el procedimiento como acusación popular, los tres investigados salieron del juzgado manteniendo su condición de imputados.
Tras el verano de ese año, y con nuevas investigaciones policiales en marcha ordenadas por la magistrada, se accedió a nueva documentación que revelaba que las presuntas prácticas irregulares detectadas en los contratos entre RTVC y Amanecer Latino se extendían a otras empresas del sector audiovisual. Ante tales hechos, la magistrada ordenó que las actuaciones se declararan secretas de nuevo, en noviembre de 2015.
En enero de 2016, los letrados que ejercen la acción popular presentaron un escrito en el que se solicitaba la apertura de nuevas diligencias de investigación sobre los contratos firmados por Guillermo García-Machiñena con un grupo de comunicación. Dichos contratos fueron las últimas cinco encomiendas suscritas por el exdirector general antes de que abandonara el cargo, en marzo de 2015. La investigación que se lleva a cabo en este sentido es la pieza que aún continúa bajo secreto de sumario.
La operación Gloria toma el nombre de una serie de programas que produjo la empresa Amanecer Latino, propiedad de Paco Padrón, amigo y antiguo jefe de García-Machiñena en la época en la que ambos coincidieron en Radio Club Tenerife. El primer contrato que suscribió García-Machiñena con Padrón tiene fecha del 1 de enero de 2008, un festivo nacional, lo que llamó la atención de los agentes cuando comenzaron a recopilar la documentación de los archivos de RTVC.
En apenas siete meses, Padrón suscribió otros cuatro contratos más. En total, Amanecer Latino entregó a RTVC 260 entrevistas de 30 minutos de duración a personajes del deporte canario, aunque en realidad solo aparecían deportistas tinerfeños. Aquellas entrevistas, según lo que pagó RTVC por las mismas alcanzaron un precio de 6.307 euros por unidad, o lo que es lo mismo 1,6 millones de euros. Un precio que los peritos calificaron como "desorbitado" por espacios que ni siquiera alcanzaron el millar de espectadores. Padrón facturó por otros programas hasta un total de 2,3 millones de euros.
La productora de Padrón tenía deudas con la Seguridad Social y Hacienda, embargos que la propia RTVC se encargó de abonar a las agencias de la administración pública, un hecho que la Policía calificó de "inusual".
