La Justicia ha archivado la querella contra los exalcaldes de Buenavista del Norte (Tenerife), los socialistas Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo, por las obras del centro social del barrio de la Cuesta. En su auto del pasado día 17, la instructora del caso también decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones al observar que de las diligencias practicadas "no se puede concluir que los hechos investigados sean constitutivos presuntamente de malversación y prevaricación".
Entre los razonamientos jurídicos para tomar esta decisión, recoge un fragmento del informe de la Fiscalía, que "no observa ilegalidad alguna" en la construcción del Centro Polivalente y de Servicios Sociales así como del centro de día en ese núcleo norteño, con un presupuesto total de más de 300.000 euros.
De acuerdo al escrito del Ministerio Público, en el primer expediente consta que el Ayuntamiento recibió una subvención de 90.000 euros y otra de 60.000 por parte del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) y la remisión de "certificación de obra por importe de 157.474,22 euros" el 14 de noviembre de 2007, no realizándose trabajos posteriores tras esta fecha.
Para este centro de Servicios Sociales, la Abogacía del Estado también habla del abono de 180.000 euros por parte de una entidad financiera y otra certificación "expedida por el secretario interventor relativa a los gastos ejecutados conforme a la relación de facturas unidas al expediente".
Respecto a la segunda fase de la obra, la Fiscalía Provincial de Tenerife añade que el IASS concedió una subvención de 60.000 euros el 21 de noviembre de 2007, "siendo justificado el importe concedido mediante la misma certificación de obra por importe de 157.474,22 euros".
La juez instructora prosigue tras aludir a este escrito que "no existe soporte" para sostener que Aurelio Abreu, ahora vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y Víctor Lorenzo, como alcaldes de Buenavista en distintos periodos, "cometieran conducta delictiva, atendiendo a la falta de prueba sobre la conducta partícipe en la malversación y a la inexistencia de elementos objetivos para tachar de prevaricadora las decisiones adoptadas".
