El sistema público de la dependencia necesita una revisión en profundidad y Canarias aprovechará esta situación para reivindicar las diferencias de su modelo, en el que los cabildos aportan la mitad de la financiación y son titulares de los centros sociosanitarios donde se atienden a los dependientes. La Comunidad Autónoma pretende que una futura reforma de la Ley de Dependencia, que cumplió diez años recientemente, sea más flexible y contemple la realidad del sistema insular.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, asistió ayer en Madrid a la constitución de la comisión creada por el Estado y las comunidades autónomas para el análisis de la situación del sistema de dependencia, cuyas conclusiones servirán para revisarlo en profundidad y ponerlo al día ante los retos que se afrontan en los próximos años.
Valido considera que hay que analizar y cambiar todo lo que se ha hecho mal en estos años, sobre todo lo relacionado con los protocolos, los baremos y la financiación. En este último punto, la consejera subrayó la necesidad de contar con un sistema de plurianualidades entre el Estado y la Comunidad Autónoma para conocer cada año con qué fondos se cuentan para evitar así los problemas actuales de acumulación de retrasos en la firma de los convenios anuales.
También en materia de financiación, Valido cree que de una vez por todas debe reconocerse que el sistema de dependencia de Canarias "no se reduce sólo al dinero que aparece en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, sino que en Canarias se incluye un conjunto de transferencias y delegaciones a los cabildos, que aportan al sistema un 50% de la financiación del mismo".
Un asunto fundamental para la revisión que se acomete es la sostenibilidad del sistema ante el progresivo envejecimiento de la población en los próximos años. Para la consejera se afronta un reto en el que habrá que tomar medidas para hacer sostenibles las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia y revisar el copago de las mismas.
