Los exsocios de Gobierno protagonizan los primeros compases de la ponencia parlamentaria que estudia las enmiendas a la Ley del Suelo. Los socialistas se sienten liberados tras su salida del Gobierno y han elevado sus exigencias sobre las competencias del órgano autonómico que crea la norma para sustituir a la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Este escenario ha provocado el primer choque con Coalición Canaria, que ha preferido esperar para intentar llegar a un acuerdo antes que romper la baraja.
Fuentes socialistas advierten que van a mantener sus enmiendas para que la Comunidad Autónoma sea la competente en la evaluación ambiental de los planes insulares y municipales. Sin embargo, Coalición Canaria limita la potestad del órgano autonómico al planeamiento de los municipios de menos de 100.000 habitantes, es decir, los cabildos y los cuatro municipios más poblados tendrán competencias plenas sobre sus planes.
El temor a dos bloques enfrentados que llegue hasta el final del trámite parlamentario ha llevado a CC a dejar sobre la mesa el artículo 13 de la ley. Se trata de 33 votos (CC, PP y ASG) frente a 27 (PSOE, Podemos y NC), lo que supondría una fractura política difícil de digerir para una ley que el Gobierno pretende que salga con el mayor consenso posible.
Los socialistas valoran el esfuerzo realizado por el grupo parlamentario de CC, encabezado por José Miguel Ruano, para evitar una confrontación política desde la segunda ponencia, por lo que las próximas semanas serán decisivas para alcanzar un consenso de mínimos en torno a las competencias autonómicas sobre los planes.
Esta situación puede provocar un mayor retraso en la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo. La primera intención del Gobierno era que estuviese aprobada antes del debate sobre el estado de la nacionalidad en la última semana de marzo. Sin embargo, al paso que se va la oposición no cree que al menos hasta mayo o junio se apruebe definitivamente el texto.
Referéndum
La Plataforma por una Canarias Sostenible entregó ayer en Presidencia del Gobierno un total de 2.619 firmas de ciudadanos que solicitan al Ejecutivo regional que convoque una consulta popular sobre la Ley del Suelo, para que la población se pronuncie a favor o en contra del texto. Los representantes de este colectivo se acogen a la Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana de 2010 y al decreto de 2014 que regula la organización y funcionamiento del registro de participación ciudadana.
El portavoz del colectivo, Antonio Pérez, recordó que el referéndum que se demanda sería similar al que pidió el propio Gobierno canario al Estado por las prospecciones petrolíferas. Pérez asegura que ahora la consulta está más justificada porque en aquella ocasión el Estado no lo permitió alegando que era una competencia estatal pero ahora se trata de un tema de ámbito autonómico, por lo que la convocatoria de una consulta está en manos exclusivas del Ejecutivo regional.
Los representantes de la plataforma registraron en Presidencia las 2.619 firmas de respaldo a la consulta popular, aunque también evidenciaron su escepticismo. "Parece que no hay mucho interés en que la ciudadanía participe activamente cuando se trata de una ley tan importante para la actividad tanto económica como humana al tratarse del territorio", subrayó Pérez. El también dirigente del sindicato CCOO añadió que "si hubiera voluntad política no se necesitarían firmas para convocar una consulta popular, es una cuestión de ganas de que la población dé su opinión y facilitar las cosas".
En el escrito presentado en Presidencia junto a las cerca de 3.000 firmas, se recoge que "no hay que temer a la consulta popular, los mecanismos consultivos brindan mayores oportunidades de implicación de los ciudadanos y ciudadanas y corresponsabilizan a la sociedad canaria en la satisfacción del interés público latente en el urbanismo".
El portavoz de la plataforma espera que la salida del PSOE del Gobierno sirva para que los socialistas hagan valer sus posiciones tradicionales sobre el urbanismo y la necesidad de que la Comunidad Autónoma mantenga su control sobre el crecimiento. Antonio Pérez alertó sobre la situación que se puede generar si cada ayuntamiento ordena su suelo sin tomar en cuenta a los limítrofes, lo que desembocaría en un desorden mayor que el actual.
