Los sindicatos advierten de los elevados costes a los que se enfrenta la Administración autonómica en el caso de despidos de empleados públicos que lleven más de tres años consecutivos en sus puestos, como consecuencia de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunos tribunales superiores autonómicos. Estos fallos igualan las indemnizaciones por despido de interinos y fijos y reconoce, por primera vez, el derecho del empleado público interino a recibir indemnización.
La mayor incidencia de temporalidad en la estructura autonómica de Canarias se registra en educación, con 7.668 trabajadores no fijos: 5.782, en la docencia no universitaria y 1.886 entre los no docentes. En sanidad son 10.695 empleados. Por tipología, los laborales temporales contabilizan 13. 929; los funcionarios interinos, 6.030, y los eventuales, 94.
El fallo se conoció en el último trimestre del año pasado como consecuencia del caso de una enfermera que fue contratada en un hospital de Madrid, lo que sirve al TJUE para declarar que el uso de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales va contra las normas laborales europeas. La sentencia insiste en que los Estados deben tener mecanismos que controlen la temporalidad, bien justificando la causa por la que se hace ese contrato, su duración máxima y el tope de renovaciones.
Diálogo
Los sindicatos mayoritarios llevan desde que se conoció la sentencia en diálogo con el Gobierno central para determinar sus efectos y para que se introduzcan correcciones y cambios en la forma de proceder de las Administraciones públicas, donde la contratación de interinos y laborales no fijos se ha convertido en algo habitual. De hecho, si la tasa de interinidad en la Administración autonómica alcanza el 20%, en las corporaciones locales supera el 70%, lo que da idea de la situación a la que se enfrentan las instituciones públicas en el caso de despidos.
En Canarias, las centrales sindicales no quieren que este asunto se continúe demorando, tras varios años en los que ni se ha legislado ni se han ordenado los recursos humanos para saber exactamente qué puestos hacen falta y realizar una promoción interna que satisfaga a muchos trabajadores públicos estancados hace años.
