La Dirección General de Función Pública no ha convocado aún la mesa general de negociación de los empleados públicos con los sindicatos ni hay fecha prevista para la misma, a pesar de las demandas sindicales en tal sentido. Desde que accedieron al cargo el actual consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, y el director general, Francisco Rodríguez del Castillo, no han habido encuentros formales con los representantes de los trabajadores.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) presentó la semana pasada dos peticiones de convocatoria de la mesa general. Una de ellas solicita que haya una reunión a la mayor brevedad posible para abordar la problemática relativa a los elevados índices de temporalidad existentes entre los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Tanto el Sepca como el resto de las centrales sindicales -Intersindical, UGT y CCOO- demandan que se abra un proceso de consolidación del empleo para interinos y laborales temporales.

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es la necesidad de realizar un plan general de ordenación de recursos humanos en la Administración autonómica. El Sepca no ve impedimento legal para que el personal laboral, funcionario y estatutario no fijo que ocupa plazas desde hace más de tres años quede en situación asimilado al personal fijo y que estos puestos no sean objeto de convocatoria mientras estén ocupados por dicho personal.

Precisamente el Gobierno canario y el Ministerio de Hacienda y Función Pública acaban de abrir un proceso de diálogo para buscar fórmulas que posibiliten reducir la alta temporalidad existente en la Administración.

Por otro lado, el Sepca también ha solicitado una mesa general para tratar varios asuntos de interés para los empleados públicos, entre ellos volver a la jornada de 35 horas semanales, la recuperación de la acción social, lleval al 100% el complemento específico en las pagas extraordinarias, la integración de la inspección médica de la Consejería de Presidencia en el Servicio Canario de Salud y la retirada de la supresión de derechos y suspensión del convenio colectivo del personal laboral incluidas en los presupuestos.