Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos las corporaciones locales no mantienen un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber ni siquiera cuántas demandas de información han recibido. Tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.
En muchos ayuntamientos la responsabilidad de cumplir la ley de transparencia se ha atribuido directamente a los responsables de la informática, que no encuentran colaboración en el resto de las áreas municipales, en las que ni han recibido formación ni pueden contar con más personal para la tarea. Las restricciones impuestas por la austeridad de estos años, la congelación de plantillas y el escaso avance de la administración electrónica se han convertido en los mayores hándicaps para la implantación de la Ley de Transparencia.
Estas son las principales dificultades con que los ayuntamientos canarios se encuentran para mejorar sus niveles de transparencia, según se puso de manifiesto en las dos sesiones informativas que el comisionado de Transparencia de Canarias y su equipo mantuvieron recientemente con representantes de 33 ayuntamientos en las sedes provinciales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). En ambas sesiones se informó sobre las novedades en el sistema de evaluación de los portales de transparencia de los ayuntamientos y conocer sus problemas y propuestas.
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, puso de manifiesto que la escasa activación de la transparencia en las instituciones está directamente relacionada con la baja demanda de información por los ciudadanos, en buena medida desconocedores de los nuevos derechos definidos en las leyes, lo que ha producido un relajo en su cumplimiento, ante la escasa presión ciudadana que aprecian los dirigentes públicos.
Las corporaciones han tendido a considerar que las obligaciones de transparencia son un mera obligación legal y no una oportunidad para mejorar la comunicación con sus ciudadanos y para implantar internamente una especie de cuadro de mando que mida la eficiencia de las actuaciones municipales.
