El clan del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, defraudó a Hacienda más de 16,7 millones de euros a través de negocios supuestamente irregulares en España. La Agencia Tributaria sospecha que Vladimir Kokorev y su esposa, Julia Kokoreva, actuaron como testaferros de familiares y altos cargos del país africano en un entramado de sociedades pantalla en beneficio del mandatario guineano. El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria cifra en 26 millones de euros el blanqueo de capitales a través de la adquisición de numerosas propiedades inmobiliarias.
La magistrada Ana Isabel de Vega dictó a finales de febrero un auto por el que acordó levantar el secreto de sumario, dado que el estado de las actuaciones está avanzado. Si bien, todavía no se ha cerrado la investigación y quedan aún diligencias por practicar, según fuentes judiciales.
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas inició en septiembre de 2009 la investigación tras la querella interpuesta en junio del año anterior por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que denunció irregularidades en forma de una veintena de transferencias millonarias procedentes de la llamada Cuenta del Petróleo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, y que fueron depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad panameña Kalunga Company, abierta en Madrid entre 2000 y 2003, con un importe total de 26 millones de euros.
Familiares y miembros del gobierno del dictador guineano utilizaron supuestamente capital desviado de las arcas públicas del Estado en beneficio propio para comprar viviendas y plazas de garaje en el territorio español. Un informe de julio de 2004 del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos reveló diversas cuentas bancarias que "sin género de dudas, tenían su origen ilícito penal en la corrupción (malversación) practicada en Guinea Ecuatorial" y sostiene que la empresa Kalunga es "total o parcialmente propiedad de Obiang".
"Clan Mongomo"
Vladimir Kokorev presidía dicha compañía, constituida en 1998 y cuyo objeto social es la construcción de buques, en la que también figuraba su mujer y sus hijos Igor y Vladimir. Un informe de la Policía Judicial, que sustentó la detención en septiembre de 2015 del matrimonio ruso -residente en España desde 1994-, apunta que la actividad financiera de esta sociedad, domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá "se limita a canalizar en España fondos procedentes de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial hacia cuentas de distintas personas" y deduce que Kalunga "podría estar actuando como sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos" entre el Gobierno guineano "sobre la base de contratos públicos, al tiempo que desvía una parte de esos fondos hacia miembros de su gobierno".
Según la Policía Judicial, los Kokorev administran o ejercían como apoderados en una decena de entidades, entre ellas Phase Invest SL, y Blue Profile SL, asesorados por el abogado canario Juan Arencibia, cuyas dos hermanas también están involucradas en la trama.
Del estudio de la documentación, la unidad contra el crimen organizado (Udyco) sitúa en "el centro del engranaje, del que pudiera derivarse toda la estructura de la organización dedicada al blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas", a Vladimir Kokorev y su esposa, dado que ambos participan, "tanto individualmente como en representación de sociedades interpuestas de dudosa actividad laboral, constituidas varias de ellas en paraísos fiscales y con sedes sociales en domicilios particulares".
Las pesquisas señalan el desvío de fondos del Gobierno guineano a cuentas de personas ligadas al "clan Mongomo", derivando parte de ese dinero en la compra de diversas propiedades en España a través de una telaraña empresarial.
Los investigadores inciden en el "trasvase de capital" entre los Kokorev y altos cargos del Gobierno guineano, que adquirieron pisos y plazas de garaje en la calle Dolores de la Rocha, en la capital grancanaria; Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Madrid); y Gijón (Asturias), entre otros.
Dinero del petróleo
Los recursos económicos recibidos por Kalunga tienen su origen en los pagos de diversas compañías petrolíferas americanas por la explotación del crudo en Guinea. Asimismo, fuentes cercanas a la investigación no descartan que detrás de las operaciones existan actividades ligadas al tráfico de armas. En cambio, los Kokorev niegan este extremo, al igual que el resto de acusaciones.
La Policía estima que la familia rusa blanqueó dinero mediante la compra de 25 villas del complejo de Sands Beach Resort, en Costa Teguise, en Lanzarote, cuya adquisición se realizó en tres fases entre 2005 y 2006 y el total ascendió a 4,8 millones. Además de adquirir en marzo de 2007 un inmueble y plaza de garaje en la calle Martín de los Heros en Madrid por 750.000 euros y su renovación y amueblado por 92.000 euros.
A ello se suma otra vivienda en el paseo de Pintor Rosales y dos más en las calles Cadarso y Juan Álvarez Mendizábal, en Madrid; otras dos casas y tres trasteros en el paseo de Las Canteras y una vivienda y plaza de garaje en el Edificio El Confital, en la capital grancanaria.
Las compras inmobiliarias por parte de los Kokorev abarcan un patrimonio total atribuido a éstos de 8,5 millones de euros entre 1997 y 2008. Hacienda califica los fondos relacionados con estos ciudadanos hispano-rusos como "incrementos de patrimonio no justificados".
Añade que el matrimonio tiene "unos ingresos relativamente pequeños, cantidades que no sustentan el volumen de capital que mueve en sus cuentas bancarias". La Policía señala que Vladimir Kokorev "carece de medios de vida que permitan acreditar el origen del dinero manejado en las cuentas y el utilizado para la compraventa de inmuebles", por lo que concluye que el origen del dinero "podría encontrarse en su vinculación con el blanqueo de capitales, obtenidos por la malversación de caudales públicos y delito fiscal".
Los investigadores destacan que aunque el delito fiscal haya prescrito -vence a los cinco años- "es posible perseguir" a los defraudadores por blanqueo de capitales. Indican la realización de "prácticas comerciales con indicios de simulación o fraude, articuladas a través de una infraestructura que sirva de pantalla, disfrazando el verdadero origen y propietario de los fondos obtenidos ilícitamente".
La causa está compuesta por 98 tomos, de los que 18 corresponden al núcleo del proceso, la pieza principal, y el resto se trata de 80 tomos de prueba documental, con la ingente información incautada por la Policía durante los registros de las empresas involucradas y los domicilios, y conversaciones telefónicas.
Las defensas destacan el hecho de que "por fin" la juez haya levantado el secreto del proceso y lo achacan a la presión mediática y a las quejas presentadas por letrados ante el Consejo General del Poder Judicial, así como la reciente carta de dos eurodiputados al máximo órgano de gobierno de los jueces para pedir explicaciones por la demora en la resolución del caso y la permanencia de tres miembros de la familia Kokorev en prisión desde hace un año y medio sin conocer el sumario, algo que entienden que vulneraba "todos sus derechos". Los abogados de las partes estudian estos días "los miles de folios" que incluye el procedimiento, que es "bastante denso y complejo".
Vladimir Kokorev, su esposa y su hijo Igor permanecen en la prisión de Juan Grande, al Sur de Gran Canaria, tras ser arrestados hace un año y medio por la Interpol en el aeropuerto panameño. Su segundo hijo, que reside en el extranjero, ha intentado personarse en la causa.
