Las reivindicaciones de la comunidad gitana en el Archipiélago, en torno a 7.000 personas, llegan hoy al Parlamento de Canarias con una Proposición No de Ley (PNL), que presenta el Partido Popular, y en la que se insta al Gobierno regional a poner en marcha un plan de acción específico para la población gitana en las Islas, como los existentes en el País Vasco o Cataluña, que defina las actuaciones para mejorar sus condiciones de vida. Además, formula al Ejecutivo que cree el Consejo Canario del Pueblo Gitano como órgano colegiado de participación para el desarrollo de políticas de bienestar social de esta comunidad, y que estas iniciativas se trasladen al Gobierno de España para que solicite a la Unión Europea la financiación disponible para la población romaní a través de fondos como el Feder o el de Cohesión.
La promotora de esta iniciativa es la Federación Sociocultural E Rroma Va (Gitanos sí), que preside José Carmona, y que acudirá hoy al Parlamento para ver el debate de esta proposición junto a otros miembros de la población gitana en las Islas, que, a diferencia de otras comunidades autónomas, está "bastante integrada" y no sufre discriminación por estereotipos étnicos.
Pero, como en otros lados, en Canarias luchan por que los gitanos no dejen los estudios a una edad temprana y superen el fracaso escolar con programas de formación para mejorar la empleablidad de estas personas. "Hay gente mayor que no sabe leer y escribir y también desarrollamos programas de alfabetización para ellos", explica José Carmona. Con la PNL quieren "que la población gitana sea visible; estamos muy integrados pero somos muy invisibles y queremos visibilizarnos; mostrar cómo vivimos y cómo somos", señala. Además, las seis asociaciones que componen la federación en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se proponen continuar trabajando en programas para dar a conocer la etnia y la cultura, con el fin de generar un enriquecimiento mutuo, al igual que ayudar a los más necesitados de la comunidad o fomentar la promoción de la mujer gitana.
En la actualidad, la comunidad la componen en torno a 3.200 gitanos en Tenerife, unos 3.400 a 3.500 en Gran Canaria, pues en esta isla hay más población flotante; unos 200 en Lanzarote y en torno 80 en Fuerteventura. Familias que llevan ya generaciones en las Islas, pues llegaron en los años 50 para dedicarse a la venta ambulante, trabajo al que muchos siguen ocupándose pero otros han continuado con sus estudios y "hay políticos, periodistas, enfermeras, policías o psicólogos", explica. Muchas de estas familias provienen de una misma tatarabuela que tuvo 16 hijos. "Los apellidos más comunes son Carmona, Heredia, Vargas y Maldonado", señala José Carmona, que en 2015 constituyó la Federación E Rroma Va, que agrupa a asociaciones como Karipen, de Santa Cruz de Tenerife; Celda Flamenca, de Arona; Lerele, de Granadilla de Abona; la Asociación para la Integración de la Mujer Gitana, de Lanzarote, o la Asociación Cultural Evangélica en favor de los Jóvenes Gitanos, de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora son seis y dos más se están constituyendo.
LLevan cinco años trabajando para que en Canarias se desarrollen medidas específicas para esta población, aunque en las Islas no está el problema del "gitano de chabolas", recalca, pero sí situaciones de fracaso escolar, de pobreza energética, de escasez de viviendas... Actualmente, se calcula que la población gitana en España ronda las 725.000 a 750.000 personas. En los últimos años, este pueblo se ha situado cada vez más en el centro de la atención política en Europa, pues se estima que son la minoría europea más importante del continente -entre diez y doce millones -afirma en su proposición la ponente Cristina Tavío. Consciente de esta realidad, la UE ha puesto a disposición una amplia gama de instrumentos jurídicos, políticos y financieros, así como el Gobierno central y distintas comunidades donde mayor población gitana existe. El Estado creó un consejo estatal con participación del movimiento asociativo gitano para el desarrollo de políticas específicas, donde quieren participar los representantes canarios, además de tener su propio consejo canario para hacer un diagnóstico y acogerse a los fondos europeos.
