La dirección del Partido Popular de Canarias resta importancia a la demanda presentada por el exdelegado del Gobierno Enrique Hernández Bento por presuntas irregularidades durante la pugna electoral para presidir esta fuerza política y augura que tiene poco alcance.

El exrepresentante de la Administración del Estado en las Islas interpuso el 27 de febrero una demanda al PP regional en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria por supuestas anomalías durante la campaña para elegir a su presidente, proceso que ganó con claridad el pasado jueves Asier Antona al proclamarse candidato único para el congreso de los días 17 y 18 de marzo, con el 82,16% de los votos, frente al 17,81% de su rival, la vicepresidenta segunda del Parlamento, Cristina Tavío.

La diputada regional eludió ayer hacer declaraciones y se limitó a respetar la "acción individual" adoptada por Hernández Bento, quien renunció a su candidatura para apoyar a Tavío en la contienda interna.

El exsubsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió acudir a los juzgados tras observar "falta de neutralidad del comité organizador, falta de transparencia, uso ilegítimo del censo electoral y control de los ingresos de los afiliados que se ponían al día para participar en el proceso".

No obstante, la cúpula del PP canario no tiene constancia de dicha acción judicial, salvo lo que ha salido en los medios. Consideran que la demanda no tiene recorrido y la enmarcan en "la estrategia de Bento para enturbiar" las elecciones internas "sin ninguna necesidad". "Se va a colocar él mismo en su sitio", añadieron las fuentes.

Apuntan que el exdelegado no registró nunca ninguna queja "ni un solo escrito" ante el Comité de Derechos y Garantías. No entienden a qué obedece la demanda, ya que ésta se presentó el 27 de febrero, pero los actos administrativos que él podía haber impugnado se produjeron a partir de esa fecha. Sobre el uso del censo, rechazaron tal acusación, ya que no hubo listado hasta después del 28, último día en el que los afiliados tenían de plazo para inscribirse para poder votar y ponerse al día de sus cuotas. Fuentes de la organización admiten que se llamó a militantes, pero "sobre todo para informarles de las elecciones".