"La mafia del canapé" adquirió ayer un sabor canario en el Congreso de los Diputados cuando la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se refirió en la Cámara Baja a la existencia de una red de influencia entre jueces, políticos y empresarios que tienen más poder que el Parlamento y que benefician al PP. Montero preguntó directamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, si conocía la existencia de esta trama, que bautizó como la mafia del canapé, lo que ministro no solo negó sino que pareció sonarle a ruso. Pero la compañera de Pablo Iglesias tenía preparadas unas prolijas explicaciones: "Se trataría de una red de influencias y de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales, que normalmente forman parte de la cúpula judicial, con el efecto de acercarla al poder empresarial y al poder político a través de actos de canapé, como los palcos de los partidos de fútbol, comidas en restaurantes elegantes o recepciones". En estos encuentros desenfadados "al final los magistrados de la cúpula judicial empezarían a conocer a los empresarios que luego están implicados en juicios mercantiles e incluso penales y laborales, y también a la altas esferas de la política a las que luego tienen que juzgar con casos de corrupción del PP" , enfatizó.
Ante la negativa del ministro a que exista una trama así, el canapé de Montero cobró color canario en el Congreso: "Y si no le puede preguntar a su colega el exministro Soria, a ver qué andaba haciendo con el juez Alba y el empresario Ramírez fabricando pruebas falsas contra la magistrada de Canarias Victoria Rosell", dijo en la Cámara, rematando con una retahíla de casos vinculados a dirigentes del PP que demostraban la connivencia entre políticos, jueces y empresarios, a lo que Catalá continuó sin dar crédito.
El ejemplo de Montero sobre el entramado de acusaciones, grabaciones, demandas judiciales y dimisiones que se han sucedido en las Islas protagonizadas por el exministro de Industria y expresidente del PP canario, José Manuel Soria, el juez Salvador Alba, el empresario Miguel Ángel Ramírez y la magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, sigue coleando. Soria declaró recientemente como investigado en la querella por calumnias, injurias y delito electoral que la jueza presentó contra él. Y Meri Pita, secretaria general de Podemos en las Islas y miembro de la dirección nacional del partido morado, considera que la "mafia del canapé" es más que evidente en este asunto.
"El caso de Alba es una evidente prueba de que hay una conexión de determinados poderes políticos con los poderes judiciales en esa trama que se urde y con la que se trafica; y la prueba evidente es que Alba esta aún con la toga", recalca. "¿Cómo tarda tanto el Poder Judicial en tomar medidas cautelares contra él?", cuestiona Pita en referencia a las grabaciones que hizo a sus compañeros jueces después de que saliera a la luz una primera grabación de Ramírez a Alba en la que presuntamente el magistrado quería perjudicar a la exdiputada de Podemos, a instancias de Soria, al ser su contrincante electoral.
"La mafia del canapé es una manera muy gráfica de expresar esos contubernios y estamos hablando de uno de los ejes centrales de esta legislatura, que es del tema de la corrupción y de la independencia de la Justicia", señala Pita, que estuvo en el Congreso con Irene Montero, y que pone como otro ejemplo las presuntas presiones que sufrió Consuelo Madrigal por parte de Catalá para imponerle nombramientos, antes de ser relevada como fiscal general del Estado, algo que el ministro y Rajoy afirman que es falso.
