El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha advertido este jueves de que la expropiación de suelo demuestra la clara ineficiencia de las administraciones, con un largo calvario para entidades públicas y ciudadanos con demoras que pueden devenir en indemnizaciones millonarias.
Jerónimo Saavedra se manifestó sobre este asunto tras entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, la memoria del Diputado del Común correspondiente a 2016, que posteriormente será presentada en comisión parlamentaria y que es el último informe que presenta, pues su mandato expiró en diciembre.
Saavedra precisó que el número de quejas recibidas a lo largo del año pasado es prácticamente "estable" y se cifró en 1.781, lo que implica un 2 por ciento menos que en 2015, aunque fueron 26.330 las personas que acudieron a las siete oficinas del Diputado del Común en las islas a requerir información.
Puntualizó no obstante que 196 quejas de ciudadanos canarios han sido derivadas al Defensor del Pueblo porque son de competencia estatal.
El Diputado del Común añadió que ha declarado "obstruccionistas" a ocho administraciones del archipiélago por sus demoras en contestar a sus requerimientos, aunque seis de ellas corresponden a un mismo órgano, la Dirección General de Industria de la Consejería del área en el Gobierno de Canarias, además de los ayuntamientos de Teguise y Haría en Lanzarote.
En el caso de la Dirección General de Industria Jerónimo Saavedra se refirió a que la falta de personal para la tramitación de altas de suministro eléctrico, pues sólo tiene tres técnicos disponibles tras la jubilación de doce, ocasiona un trastorno importante a los ciudadanos.
Añadió Saavedra que ha emitido 504 requerimientos por falta de colaboración de las administraciones.
Asimismo ha aumentado "de forma notable" el porcentaje de resoluciones dictadas por el Diputado del Común en 2016, que se situó en un 71 por ciento, por los inconvenientes que suponen a los ciudadanos los retrasos en las administraciones y que en el caso particular de la expropiaciones, también perjudica a las propias entidades públicas.
Como ejemplo Saavedra dijo que la expropiación de un terreno que puede ascender a 500.000 euros al cabo del tiempo y por las demoras administrativas puede revertir en una indemnización al propietario de tres millones de euros.
Ello se debe a la falta de personal en las administraciones como consecuencia de la crisis o a la falta de recursos para afrontar los procedimientos, un problema generalizado que vivió Saavedra como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, recordó, por la tardanza en los procedimientos desde que se reserva suelo en un Plan General de Ordenación hasta que se ejecuta después de recursos de los propietarios ante la justicia.
Además la justicia siempre tiene el criterio de que los terrenos "valen más" del precio estipulado por la administración, añadió el Diputado del Común, quien rememoró que recientemente el Ayuntamiento grancanario de Telde ha sido sentenciado a pagar 4 millones de euros por una expropiación.
Agregó Saavedra que en 2016 "ayudó a recuperar" 600.000 euros para los ciudadanos por impuestos, tasas y multas indebidamente cobradas por la Administración, en muchos casos por errores en la tramitación.
Subrayó además que ha aumentado en un 59 por ciento las quejas tramitadas de oficio por el Diputado del Común y dijo como ejemplo de ellas la que interpuso después de que el Servicio Canario de la Salud diese de alta antes de tiempo a los ocupantes de una patera que desembarcó en Arguineguín en Mogán (Gran Canaria).
El anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera, dio una respuesta "plenamente satisfactoria" y acordó cambiar el protocolo de atención que llevan a cabo los diferentes organismos de emergencias en este ámbito.
Puntualizó también el Diputado del Común que ha habido un cambio en cuanto al lugar con mayor número de quejas tramitadas, que ahora encabeza Gran Canaria, seguida de Tenerife y La Palma, y La Gomera es la isla en la que se registra el menor número de ellas.
Por asuntos, la mayor cifra de quejas está relacionada con la atención a la discapacidad, seguida de las de carácter económico y que afectan a multas, impuestos y sanciones.
A continuación siguen las quejas referidas a la atención a menores, sobre lo que el Diputado del Común dijo que "no se ha hecho nada" porque se aprueban declaraciones de apoyo al menor por unanimidad pero luego las instituciones no aprueban presupuestos para ponerlas en práctica.
En cuarto lugar se sitúan las quejas en materia de justicia, sobre todo por la lentitud en los procedimientos, y luego están las referentes a vivienda, certificados de familia numerosa, turnos de oficio en el colegio de abogados y puntos de encuentro familiar.
Al respecto, Jerónimo Saavedra explicó que el Cabildo de Gran Canaria es el único que ha creado un punto de encuentro familiar, el de Tenerife lo tiene concertado con una entidad privada y el resto de islas carece de ellos y las familias "tienen que apañárselas".
El Diputado del Común consideró que todos estos asuntos ponen de relieve que hay problemas importantes en la administración canaria y con su informe el Gobierno y el Parlamento sean sensibles a ellos, que muchas veces se deben a falta de personal.
