La Audiencia de Las Palmas ha dado la razón a la magistrada Carla Vallejo en su discrepancia con la Fiscalía de Las Palmas al investigar a Miguel Ángel Ramírez. La Sección Sexta de la Audiencia, en contra del criterio del ministerio público, ha ratificado el archivo de varias cuestiones importantes en la causa por fraude fiscal contra el empresario, entre ellas la prescripción del delito a la Hacienda Pública de 2008, la negativa a ampliar las pesquisas por insolvencia punible y el archivo de otro delito contra el derecho de los trabajadores.
Ramírez es investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social entre 2008 y 2013, supuestamente por pagar en dietas las horas extraordinarias a sus trabajadores de Seguridad Integral Canaria, con la finalidad de ahorrarse la tributación y las retenciones por esos conceptos, según la tesis de la acusación pública. Vallejo, que sustituyó a Victoria Rosell y Salvador Alba, se opuso a las diligencias planteadas por la Fiscalía, al tiempo que dio parcialmente la razón a la defensa y sobreseyó el delito de 2008. La Fiscalía de Delitos Económicos, el sindicato FTSP-USO y la Tesorería de la Seguridad Social recurrieron su auto, pero la Audiencia de Las Palmas lo ha confirmado casi en su integridad.
La resolución de la Sección Sexta, que fue notificada ayer, la firman Oscarina Naranjo (ponente), Carlos Vielba y Emilio Moya. Estos dos últimos magistrados salen de manera indirecta en una grabación hecha por Ramírez al juez Alba que, a su vez, es investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En dicha grabación, que el martes fue declarada válida como prueba por el TSJC, Alba y el empresario parecen pactar una declaración judicial para perjudicar la carrera política de Rosell, que había dejado el juzgado para presentarse a las elecciones.
Esos enfrentamientos entre magistrados, así como un conflicto previo entre Rosell y la Fiscalía, han motivado la paralización de la investigación a Ramírez, que sigue en diligencias previas desde el 29 de enero de 2014, fecha en la que Rosell admitió a trámite la querella presentada por la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos. Ese día es el que marca la prescripción del ejercicio de 2008, pues los delitos contra Hacienda se extinguen a los cinco años y, en este sentido, la Sección Sexta de la Audiencia considera que el plazo comienza a correr desde el 20 de enero de 2009, día en el que expiró el periodo para liquidar ese trimestre de forma voluntaria. Las acusaciones, en cambio, argumentaban que el plazo se activa con el cierre del resumen anual (30 de enero de 2009) y que se trata de un delito continuado, pero los magistrados rechazan ambos planteamientos.
Tampoco acceden a investigar a Ramírez por divorciarse y otorgarle a su cónyuge los bienes de mayor valor para eludir, según la Fiscalía, posibles responsabilidades económicas derivadas de la investigación. En ese momento Alba le había impuesto una fianza de 35 millones, de las más altas que se recuerdan en Canarias, la cual fue rebajada a 17 millones por el mismo juez y fijada luego en 3,2 millones por Vallejo, decisión que igualmente ha sido recurrida.
La Sección Sexta sólo concede la razón a la Fiscalía en la pertinencia de reclamar la contabilidad de Seguridad Integral Canaria a empresa Freemática, una compañía radicada en Sabadell que aloja en sus servidores copias de seguridad con las cuentas de la sociedad de Ramírez. Vallejo no consideró pertinente esa diligencia, pero después cambió de criterio y la autorizó. De ahí que esta única concesión a la Fiscalía no parezca que vaya a tener repercusión en el pleito.
La causa, desde la marcha de Vallejo a la Sección Primera de la Audiencia hace unos meses, sigue parada. Rosell, al quedarse sin ese refuerzo, alegó enemistad manifiesta con Ríos y presentó causa de abstención, pero la Sección Sexta la rechazó y debe aún resolver una recusación de la Fiscalía. La magistrada fue sustituida ayer en Instrucción 8 al sufrir un accidente y encontrarse de baja médica, explican fuentes judiciales. Las diligencias contra Ramírez, por tanto, tienen nueva instructora.
