"Evaluar que los cargos públicos del Partido Popular (PP) cumplan en el ejercicio de su actividad pública las condiciones de idoneidad para el desempeño de las funciones que les han sido encomendadas". Esta es la principal función de la nueva oficina de asuntos internos que abre la formación política para atajar los problemas de corrupción o escándalos públicos que puedan dañar la imagen del partido.
La creación de este órgano fiscalizador es una de las principales novedades que incorpora el nuevo reglamento de organización, que ayer fue sometido a votación y resultó aprobado por unanimidad. Éste nace, tal y como indicó Auxiliadora Pérez, senadora por Gran Canaria y vicesecretaria de Organización del partido en la Isla, para garantizar el "buen ejercicio de la acción pública y política en nombre del PP".
La oficina del Cargo Popular, nombre que recibirá la nueva figura interna, estará formada por afiliados -entre tres y cinco-, que no tengan responsabilidad en cargos públicos ni orgánicos. El órgano nace para actuar "con independencia y autonomía" y responder a la "demanda generalizada de la sociedad".
La vigilancia sobre la actuación de los cargos públicos no se ciñe al periodo en que los responsables políticos ejerzan sus funciones, sino que ésta también alcanza a la trayectoria previa de la persona antes de acceder al puesto. El criterio de idoneidad que deberán superar los representantes públicos del PP se plasmará a través de una declaración oficial, que se renovará cada dos años. Ésta garantizará la "competencia, honorabilidad y rectitud" de la persona, quien además deberá rendir cuentas sobre su patrimonio y actividades económicas y "no encontrarse inmerso en ningún procedimiento judicial que inhabilite".
La oficina se suma al régimen de incompatibilidades del reglamento, que imposibilita que una misma persona ocupe dos cargos orgánicos a la vez. Es el caso de Australia Navarro, que es secretaria regional del PP y presidenta del partido en Gran Canaria. Desde la formación sostienen que las incompatibilidades son de "carácter general" y existen excepciones, como María Dolores de Cospedal. La propia Navarro no quiso desvelar si seguirá compaginando ambas responsabilidades, tal y como lo ha hecho desde que Antona tomara las riendas del partidos después de que su antecesor, José Manuel Soria, renunciara el 15 de abril de 2016 a todos sus cargos tras aparecer su nombre en la investigación de los papeles de Panamá. "Tenemos convocada la junta directiva insular para este lunes con un único punto en el orden del día: la convocatoria del congreso. A partir de ahí hablaremos", sostuvo.
El texto original del reglamento presentado recibió 90 enmiendas, de las que 54 fueron incorporadas. También surgen otros dos órganos para potenciar el protagonismo insular y municipal y mejorar la coordinación: el Encuentro de Presidentes -que actuará como nexo entre la presidencia del PP y las siete direcciones insulares- y el Encuentro de Islas y Municipios -espacio al que acudirá la dirección autonómica con los alcaldes y presidentes o portavoces de cabildos populares-. Asimismo, el Comité de la Experiencia es otra novedosa figura que apostará por la sabiduría que los afiliados de "mayor antigüedad, larga trayectoria y probada experiencia" puedan aportar a la dirección política del partido.
Hoja de ruta económica
En la ponencia sobre Economía, en la que se desgranó las líneas estratégicas del PP de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, el partido propuso seguir apostando por el turismo fomentando la calidad y la renovación. Pero eso sí, sin perder de vista la diversificación económica y la inversión en innovación como factores esenciales para generar empleo. La nueva coordinadora general de Política Sectorial, Jimena Delgado, fue la encargada de presentar el proyecto económico e insistió en la necesidad de impulsar los servicios de intermediación como el Servicio Canario de Empleo, que solo medió en el 0,8% de los nuevos contratos firmados en las Islas durante 2015. "Es necesaria una revisión profunda de este organismo", subrayó. Los compromisarios presentaron 37 enmiendas de las que un 33% fueron aceptadas y un 40% transaccionadas. Durante la votación, el texto definitivo se aprobó por unanimidad.
En materia de políticas sociales, el congreso aprobó con una abstención y el resto de votos a favor un texto que integró 42 enmiendas de los compromisarios. En él se insiste en la implementación de mecanismos eficaces en este área.
