Las quejas de los cabildos han provocado finalmente que el Gobierno regional amplíe los plazos para ejecutar y justificar las obras que financia el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Las corporaciones insulares tenían hasta el 31 de marzo para presentar los proyectos de 2016 y ahora el Ejecutivo les otorga cuatro meses más, hasta el 31 de julio, mientras que la justificación podrán realizarla hasta octubre.
La dinámica en los siguientes ejercicios será la misma, es decir, los proyectos a cargo de la financiación de 2017 podrán ejecutarse hasta el 31 de julio de 2018 y justificar la inversión hasta el mes de octubre del próximo año para coordinarse mejor con los ayuntamientos.
La consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, destacó como novedad de la reforma del decreto que el Gobierno librará el 100% de cada anualidad al inicio del ejercicio, lo que supondrá que los cabildos tendrán la totalidad de los fondos para ejecutar las actuaciones en el año y medio que les dará a partir de ahora el Ejecutivo. No obstante, la financiación podrá verse reducida por las cantidades no justificadas de los años anteriores.
En el nuevo decreto del Fdcan habrá una simplificación del procedimiento, por el cual los cabildos tendrán la opción de cambiar programas y proyectos a posteriori siempre y cuando sean autorizados por la Comunidad Autónoma. Asimismo, Rosa Dávila abrió la puerta a que las corporaciones insulares prefinancien algunas actuaciones hasta recibir los fondos.
Otra cuestión que también se modifica es el eje 3 referido al empleo. Según la portavoz del Ejecutivo se trata de ampliar la cobertura de los fondos destinados a la empleabilidad para que no se limiten solo a las políticas activas de empleo, sino que también se dirijan hacia otras líneas de actuación en esta línea estratégica.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó también modificar el decreto 132/2014 de sanidad mortuoria, de tal forma que los ayuntamientos y los operadores de servicios fúnebres tienen un nuevo plazo hasta el 15 de septiembre de 2018 para adaptarse a la nueva normativa estatal y autonómica que regula las prácticas de este sector y los requisitos técnicos y sanitarios que deben cumplir velatorios, crematorios, tanatorios, cementerios y demás lugares de inhumación.
En un primer momento se dio seis meses para esta adaptación, pero las quejas de los ayuntamientos y de los operadores ante el escaso tiempo disponible ha motivado que finalmente la Administración haya aprobado una amplia moratoria que finaliza en septiembre de 2018.
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, confirmó que el próximo 7 de abril se le trasladará al Ministerio de Fomento las prioridades de las Islas para el nuevo convenio de carreteras que el Gobierno canario quiere que entre en vigor en 2018. También hay propuesta una convocatoria de la comisión bilateral Canarias-Estado para liquidar el convenio actual.
