Un decreto regulará la seguridad y las medidas de protección que han de cumplir las 579 playas de Canarias. La Consejería de Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha iniciado ya el trámite de consulta pública del proyecto legislativo que se pretende intregral. Es decir, que en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) implique a todos los municipios de las Islas para prevenir y minimizar los riesgos de accidentes de esta naturaleza. Un medida que revela esencial ya que, al margen de la multitud de bañistas que acuden a las playas y costas isleñas durante todo el año, Canarias supone un destino vacacional cada vez más atractivo al albergar algunos de los mejores lugares de Europa para la práctica de determinados deportes náuticos.

El nuevo decreto quedaría integrado en el Sistema Canario de Protección Civil y tendría como principales instrumentos la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos propios de las playas y de los riesgos externos que las afectan, así como la implantación de planes de autoprotección.

El proyecto de decreto destaca que la necesidad y oportunidad de la aprobación de la normativa quedan patentes a la vista de la entidad del problema al que se pretende dar respuesta, ya que los datos estadísticos referidos a ahogamientos en Canarias, durante los últimos años, resultan difícilmente conciliables con una sociedad que cuenta con elevados índices de seguridad ciudadana, con una infraestructura sanitaria de primer nivel y con unos servicios públicos de atención de emergencias de los más modernos del mundo.

Por tales razones, y al margen de las medidas de difusión, concienciación e información a la población que puedan instrumentarse, la iniciativa reglamentaria subraya que resulta absolutamente imprescindible articular medidas normativas concretas que impongan un modelo racional y eficaz a ejecutar coordinadamente por todas las administraciones públicas de Canarias, cada una en el marco de sus propias competencias, señala la consejería.

Entre los objetivos de esta norma, destaca el establecimiento de medidas concretas de autoprotección adaptadas al nivel de protección con el que haya sido catalogada la playa, medidas que comprenderían la relación de recursos humanos y recursos materiales para la atención de cualquier incidente, los elementos de información e identificación de la seguridad en la playa, y el servicio público de salvamento.

Igualmente, las playas clasificadas con nivel de protección medio, alto y muy alto deberán disponer de un plan de autoprotección, aprobado por el ayuntamiento e inscrito en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, y todas las playas, sin excepción, deberán disponer de elementos de información o identificación de las condiciones de seguridad de las mismas según corresponda a su riesgo, tales como banderas de identificación y carteles informativos.

El órgano de la administración pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de protección civil, además, deberá recoger en un catálogo general la relación de todas las playas del Archipiélago, de acuerdo con la información facilitada por los ayuntamientos, y también se deberán articular sistemas de balizamiento específico, sistemas de avisos y comunicados, y la exigencia de un servicio público de salvamento en playas con nivel de protección medio, alto y muy alto.

Entre las funciones de dicho servicio público de salvamento se encontrarían efectuar la vigilancia, auxilio y salvamento de personas; realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas y la prevención de accidentes e incidentes en las playas; velar por la conservación de las señales y del material destinado a la prevención de accidentes; y velar que las embarcaciones con motor y practicantes de windsurf, esquí acuático o de otras actividades similares circulen por los lugares destinados al efecto.

Para Barreto "es importante aprobar lo antes posible esta norma, si bien también somos conscientes de la necesidad de consensuarla con la Fecam para evitar lo que llevó a la suspensión del decreto regulador de 2003". En este sentido, añadió que "hemos adquirido el compromiso con la Fecam de asumir el coste del catálogo de playas y zonas de baño, consensuando los criterios con ellos, al tiempo que se encargará un informe sobre el coste económico que puede suponer su implantación para los ayuntamientos canarios".