La magistrada María de los Ángeles de Lorenzo Cáceres Farizo, que instruye la investigación de la denominada operación Gloria -también conocida como caso Willy- se plantea unir a la causa nuevas diligencias después de escuchar ayer las declaraciones de los ocho testigos que había citado.
Las ocho personas que declararon son en su mayoría profesionales del sector audiovisual que conocieron de primera mano los pormenores de algunas de las contrataciones que Guillermo García-Machiñena, como máximo responsable de la Televisión Pública Canaria, suscribió con determinadas productoras desde el 1 de enero de 2008 hasta finales de marzo de 2015, cuando cesó en el cargo de director general del ente público.
Tras las declaraciones de ayer, la magistrada aceptó el aplazamiento de las comparecencias de los tres investigados, que son el exjefe de Producción de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Rubén Fontes; del máximo responsable en las Islas de la productora Doble Diez Comunicación, Santiago Falcón, y del socio mayoritario de Audiovisual Siete Mares, Raúl Rivero.
La representación letrada de los tres, que debían acudir hoy a declarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha logrado el aplazamiento con el argumento de que "necesitaban preparar mejor la comparecencia" de sus patrocinados. La nueva fecha fijando es para el mes de mayo, según informaron anoche fuentes jurídicas.
Los ocho testigos han formado parte de los últimos informes policiales encargados por la magistrada instructora al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife para investigar las presuntas irregularidades que pudieron cometerse en la contratación de las productoras Doble Diez y Audiovisual Siete Mares, empresas que facturaron en esos años 21,5 millones de euros por la producción de programas de televisión para RTVC. Doble Diez ha sido la productora que más dinero ha facturado al ente público. Solo durante los años de gestión de Guillermo García, esta productora se embolsó 18,5 millones de euros, según consta en la documentación recopilada por la Policía en la sede de RTVC.
La investigación a estas dos productoras es la segunda pieza separada de este caso, que se inició con la denuncia de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la contratación de Amanecer Latino, la productora propiedad de Paco Padrón, amigo y exjefe de Guillermo García-Machiñena.
A Paco Padrón le contrataran programas de "muy baja calidad" por "precios desorbitados" llegando a facturar entre 2008 y 2010 2,3 millones de euros. Incluso, llegó a facturar 90.000 euros por una serie que ni siquiera se emitió debido a la mala calidad del soporte en el que se entregó. Se trata de una serie de 10 capítulos sobre la vida de Vázquez Figueroa que, además, tiene en sus carátulas de presentación los rótulos: "Producido por TVE". Además, Amanecer Latino realizó 260 entrevistas de 30 minutos cada una a deportistas canarios -aunque en realidad eran todos de la isla de Tenerife- por las que facturó un total de 1.639.800 euros, a razón de 6.307 euros por media hora de programa en los que no se recurrió a exteriores ni a personal ajeno a la productora. Los peritos reclamados por el Juzgado para realizar una valoración de estos programas no elevaron la cuantía más allá de "1.500 euros por episodio", tal y como consta en el sumario.
Los ocho testigos ratificaron ayer lo que ya habían dicho a los investigadores policiales y es que "se habría producido un supuesto "trato de favor" por parte de los responsables de la Televisión Pública Canaria a la hora de contratar a unas productoras audiovisuales en detrimento de otras empresas del sector, aunque estas últimas ofrecieran precios más bajos por programas similares. Algunos de estos testigos confirmaron que "fueron presionados" para contratar a la productora más cara y que "hubo programas por los que RTVC pagó precios desorbitados, que no se ajustaban al precio de mercado".
Hasta la fecha, la magistrada mantiene la imputación al exdirector general de RTVC, Guillermo García-Machiñena, y al productor Paco Padrón por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. De igual manera, la juez ha imputado a la exdirectora financiera del ente público, Lourdes Reyes, por la presunta autoría de los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
