El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes 27 de marzo el decreto por el que se crea la Mesa del Transporte Terrestre de la comunidad autónoma, así como su reglamento de organización y funcionamiento, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila.

La nueva Mesa participará en la revisión de la modificación del anteproyecto de la nueva Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias.

La Mesa del Transporte Terrestre, órgano consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte terrestre que se recoge en la actual Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, estará compuesta por las administraciones públicas competentes y los representantes de los sectores económicos y sociales afectados.

Se estructurará en un pleno y en cuatro mesas, una interadministrativa y tres sectoriales, correspondientes a los subsectores del taxi, de viajeros y de mercancías, respectivamente.

El nuevo órgano se reunirá en pleno al menos una vez al año y la renovación de sus miembros tendrá lugar de la misma manera, anualmente.

El nuevo decreto establece que las organizaciones profesionales, empresariales y sindicales que quieran formar parte de la Mesa del Transporte Terrestre deberán proponer las candidaturas a las vocalías y acreditar, con carácter general, que tienen representación en, al menos, dos islas de la comunidad autónoma de Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la entrada en vigor del decreto.

Además, cada cinco años deberán justificar la representatividad para renovar su participación en la Mesa.

Igualmente, los cabildos insulares y la asociación canaria de municipios más representativa deberán remitir en el mismo plazo las candidaturas a las vocalías titulares y suplentes para su designación.

La condición de miembro de dichos órganos colegiados es gratuita, por lo que su constitución y funcionamiento no supondrá incremento del gasto público, ni disminución de los ingresos públicos.

Además, las funciones de asistencia administrativa a esos órganos se prestarán con los medios personales, materiales y presupuestarios asignados a la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un crédito extraordinario de dos millones de euros para las ayudas al empleo autónomo, que permitirán el abono de otras 355 ayudas pendientes a personas que no pudieron cobrar por falta de crédito disponible.

Desde el comienzo de año ya se ha abonado esta ayuda a 258 autónomos por valor de 1.478.478,79 euros.

Del total de 1.096 solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2015, el Servicio de la Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo ha finalizado 613 expedientes que cumplen con todos los requisitos.

De ese total, 258 ya están recibiendo la ayuda y 355 empezarán a recibirla a partir de ahora con los dos millones que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno.

De todas la solicitudes presentadas, falta por culminar un total de 483 que se encuentra en trámite de resolución.

Entre 2012 y 2016, el Gobierno de Canarias concedió 6.394 subvenciones a trabajadores autónomos, lo que supuso un importe total de 36.314.391 euros en ayudas.

El departamento de Empleo del Gobierno de Canarias tiene como objetivo hacer una nueva propuesta para mantener estas ayudas al impulso del empleo autónomo, ha dicho la consejera.

Se trataría de una nueva convocatoria consensuada con los representantes de los autónomos y en la que se simplifique la tramitación y la documentación solicitada sea la mínima necesaria.

Las subvenciones que se conceden en el marco de este programa de fomento del empleo autónomo son de varios tipos, uno de ellos, las que tienen que ver con el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia, cuya cuantía asciende a entre 5.000 y 10.000 euros, regulándose en función del colectivo profesional al que se pertenezca.

Una segunda línea consiste en la reducción, por cinco años, de hasta cuatro puntos del interés fijado por la entidad bancaria para financiar inversiones y la puesta en marcha del puesto de trabajo hasta un máximo de 10.000 euros.

En tercer lugar, también se subvenciona la asistencia técnica para mejorar la actividad empresarial como puede ser la realización de estudios de viabilidad, organización o incluso comercialización del producto.

En esta caso la aportación de la administración asciende al 75 % del coste con un máximo de 2.000 euros y, por último, la subvención para formación (cursos de dirección, gestión empresarial o nuevas tecnologías de la comunicación) hasta el 75 % del coste de los cursos.