Podemos prepara una batería de enmiendas al texto que se tramita en el Congreso sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Entre ellas, la formación morada propone eliminar los aforamientos en la 'Carta Magna' canaria, así como garantizar una renta básica universal y erradicar los desahucios para que todas las personas residentes en las Islas tengan una vivienda digna y puedan acceder a los servicios y suministros de energía eléctrica y agua.

Estas son algunas de las modificaciones que presentarán -al margen de otras que están elaborando como en la reforma del sistema electoral canario- al documento aprobado por CC y el PSOE en el Parlamento canario a finales de la anterior legislatura y que ya se está debatiendo en la Cámara Baja.

En cuanto a los aforamientos, Podemos modifica el apartado 3 de los artículos 38 y 49 del Estatuto de Autonomía y propone eliminar los aforamientos de los diputados del Parlamento canario y de los miembros del Gobierno regional, de manera que sean los órganos judiciales de primera instancia, y no el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las instituciones encargadas de tramitar sus eventuales causas.

En su justificación, Podemos indica que actualmente la ciudadanía percibe a los representantes políticos como un sector con un alto grado de privilegios que genera desconfianza. Urge por tanto recuperar la confianza - añade - con medidas que eliminen ciertas prerrogativas de las que gozan determinados cargos públicos, como es el caso de los aforamientos.

Otra de las enmiendas al Estatuto de Autonomía de Canarias modifica el articulo 23 y formula el derecho a una renta básica. La formación de Pablo Iglesias expone que para garantizar unas condiciones de vida digna, y en los términos que se establezcan en las leyes, todas las personas tienen derecho a acceder a una renta básica, de carácter universal, incondicional e individual, y no sólo las que se encuentren en situación de exclusión social, como consta en el texto actual.

Asimismo, incluyen que las administraciones velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos.

En la justificación de la enmienda Podemos indica que a causa de la crisis económica internacional, que ha afectado con especial virulencia a las Islas Canarias, se han evidenciado algunas carencias en los servicios públicos dependientes de la Comunidad Autónoma, que junto con el sistema de prestaciones por desempleo han sido incapaces de atender a una parte amplia de la población, que ha visto sometida a una privación de medios económicos sin precedentes en el periodo democrático.

Todos estos factores han provocado un aumento dramático en los niveles de pobreza en el Archipiélago, modificando las condiciones de trabajo de la mayoría social, ahora marcadas por la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios, afectando gravemente a las condiciones de vida de una parte importante de la sociedad canaria.

Ante este panorama, Podemos considera imprescindible que desde los poderes públicos se haga un esfuerzo por aumentar la cobertura del sistema de seguridad social, a través de la adopción de mecanismos para el reparto equitativo de la riqueza como la renta básica, una herramienta institucional pensada para garantizar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia un modelo social y económico garantista, cuya implantación quedaría asegurada en las Islas por la vía estatutaria.

En otra de las enmiendas, la formación pide que los residentes en Canarias tengan una vivienda digna y unos suministros básicos garantizados, como la electricidad o el agua, y que por tanto se acabe con los desahucios. Demanda que se ponga especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables, como pudieran ser las personas jóvenes, con diversidad funcional, las personas mayores, las menores de edad o las víctimas de la violencia machista, y además que se regule el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación.

La formación morada recuerda que actualmente, con la ley en la mano, los niños pueden ser desahuciados a partir de los 3 años.

Podemos justifica esta enmienda en que el artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, cuestión reforzada en diversos instrumentos internacionales ratificados por España como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos de las Naciones Unidas, o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de Estambul.