¿Qué es compliance?
Programas de prevención de delitos o de cumplimiento normativo. En España se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas, que tienen que ir dotándose de estos programas para evitar casos de corrupción. También el sector público debe ir desarrollándolos para que los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, eviten cometer delitos.
¿Se están implantando estas medidas en el ámbito público?
Tras la reforma del Código Penal de 2015 todas las empresas públicas son responsables penalmente. Las empresas públicas han proliferado en los últimos años en España y deben hacer estos programas de cumplimiento. También sería conveniente que los ayuntamientos se doten de estos programas, que consisten en hacer un mapa de riesgo y determinar qué actividades son susceptibles de desviación y generar prácticas o protocolos de control interno. Hay que hacer una especie de traje a medida de cada empresa pública o ayuntamiento y generar protocolos y cursos prácticos de formación para los funcionarios para que sepan lo que se puede hacer y lo que no. La base de los casos de corrupción está en la contratación pública y en la contratación de personal: asesores, cargos de libre designación e interinos, que normalmente son personas de confianza de un dirigente o partido.
La mayoría de los casos de corrupción afecta a políticos, no a funcionarios.
Sí, los estudios en España hablan de que la corrupción es de origen fundamentalmente político, no de funcionarios en sentido estricto, y tiene una parte muy importante conectada a la financiación de los partidos políticos. En cualquier caso, tenemos que ser todos prudentes al denunciar los casos de corrupción porque estamos generando una imagen en España de una corrupción que probablemente es demasiado exagerada en comparación con la que realmente existe. En la escala internacional no somos un país muy corrupto.
El informe de Transparencia Internacional dice lo contrario.
Sí, pero ese informe hace la clasificación en función de encuestas a los ciudadanos de cada país. Entonces, si en España estamos todos los días hablando de corrupción, el ciudadano piensa que tenemos un problema de corrupción, que lo tenemos, pero Transparencia Internacional no trabaja sobre datos objetivos, sino sobre la percepción de los ciudadanos. No podemos olvidar que la corrupción es claramente una bandera del fascismo que deslegitima a las instituciones democráticas y crea un clima de opinión de que vivimos en un país inseguro, y entonces se va generando la idea de que necesitamos un salvador, un caudillo que venga a poner orden en el caos. La corrupción hay que atajarla, pero llevemos cuidado también con pasarnos hasta deslegitimar al Estado y a la sociedad y a todas las instituciones democráticas. En España tenemos un problema de corrupción visible, pero no afecta gravemente al funcionamiento de nuestro sistema democrático y nuestra economía. Tenemos un problema más grave de criminalidad organizada en temas de blanqueo y de eso no se habla.
¿Las administraciones son conscientes de la necesidad de aplicar programas de prevención de la corrupción?
Queda mucho por hacer. La cultura de desarrollar estos programas y protocolos es relativamente nueva en España y va poco a poco. En el mundo empresarial, sobre todo las grandes compañías, ya lo tienen; el reto es llegar a las pymes y luego que las administraciones realicen estos programas.
¿Cuáles son los tipos delictivos más comunes?
Normalmente los delitos nucleares son el cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. A partir de aquí hay una conexión con otros como falsedad documental. Toda esta desviación provoca una riqueza nueva entre los que se corrompen y esto genera a su vez delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos o delitos contra la hacienda pública. Luego hay una corrupción más silenciosa que conecta con la criminalidad organizada transnacional.
¿Puede sugerir tres medidas que deberían aplicar instituciones y empresas para esquivar casos de corrupción?
La primera y más importante es la transparencia, en la medida en que todos podamos acceder a qué empresas obtienen contratos públicos y quiénes son sus accionistas. Esto sería lo mejor porque cuando todo se ve todos podemos opinar y es más difícil hacer trampas o influencias. La segunda es recuperar muchos de los controles administrativos internos que existen y que no se aplican o se ha buscado orillarse, por ejemplo al alegar urgencia para otorgar un contrato, cuando la declaración de urgencia se debe usar de forma muy excepcional y estar sometida a mucho control. Hay que evitar redes clientelares, es decir, determinadas empresas que son las que siempre prestan el mismo servicio. A ello se une una tercera medida que es recuperar la carrera funcionarial, que las plazas en la administración se cubran por funcionarios de carrera, que son independientes y más difíciles de corromper. El objetivo es reducir los casos de corrupción. Corrupción va a a haber siempre, la cuestión es su grado y entidad y tratar de tenerla bajo control.
Hay quien cree que las empresas públicas son focos de corrupción.
No se puede generalizar, pero sí ha habido bastantes casos. Eso también responde al mito de que la empresa privada es más eficaz que la administración pública.
¿Cómo perciben los trabajadores de las empresas públicas y privadas los programas para disminuir las corruptelas?
Según mi experiencia, los empleados de empresas públicas en Valencia que han sufrido y se han visto inmersos en casos de corrupción están altamente interesados, porque cuando alguien está en una empresa que sale continuamente en los medios de comunicación como un nido de corrupción, le afecta personalmente. Quieren trabajar con tranquilidad y saber lo que pueden hacer y lo que no.
