La proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para prohibir las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, al sur de la Isla, y restaurar la zona afectada por las explotaciones ilegales no ha convencido al Parlamento. De los 57 diputados, 37 votaron en contra, pero no porque no estén de acuerdo en que se trata de un problema que hay que afrontar, sino porque consideran que tiene tantas inseguridades jurídicas que hasta pone en riesgo el erario de la Comunidad Autónoma.

El presidente de la Corporación insular, el nacionalista Carlos Alonso, y su consejero de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, defendieron esta propuesta ante la Cámara. No convencieron con sus argumentos ni al PSOE ni tampoco al PP, NC y Podemos. Tan solo consiguieron el apoyo de los 17 allí presentes de Coalición Canaria (CC), mientras que los dos de la Agrupación Socialista Gomera decidieron abstenerse después de lanzar un discurso contradictorio.

El mandatario de la institución tinerfeña fue el encargado de abrir el debate para la toma en consideración de esta proposición. Durante su exposición, si bien defendió los términos de su proposición, abrió la puerta a futuras modificaciones con el objetivo de intentar convencer a la Cámara. "Nunca volverá una circunstancia tan idónea como esta y una ley es la única posibilidad para que no se vuelva a extraer", dijo.

Alonso no solo aludió a la lucha que encabezaron los ciudadanos del municipio sureño de Tenerife contra esa actividad industrial sino que tampoco quiso pasar por alto que esta iniciativa legislativa llegó a contar con el apoyo de todos los partidos políticos que componen el Cabildo. El presidente dinsular aseveró que la intención de esta medida era recuperar el espacio después de que durante 30 años las administraciones públicas "miraran para otro lado". Pero una sentencia que condena a los cuatro extractores que explotaron los barrancos de forma ilegal, entre los que está el expresidente de la patronal de la construcción Antonio Plasencia, es una de las cuestiones que preocupa a los grupos de la Cámara. El fallo obliga a los condenados a pagar la restauración y, aunque el mandatario asegurara que así sería, algunos de los portavoces manifestaron su temor a que la iniciativa sirviera como herramienta para conseguir más bien lo contrario.