El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha avisado este jueves en el Parlamento de Canarias que existen ayuntamientos del Archipiélago que "escurren el bulto" y "miran para otro lado" ante las construcciones ilegales en sus términos municipales. Saavedra, que ha presentado el informe anual de la institución que preside ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, ha explicado que tiene constancia de casos en los que los consistorios dejan "pasar el tiempo" sin derribar la edificación, aunque esta sea manifiestamente ilegal. Tan es así, ha subrayado, que incluso ha tenido que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal determinados casos para que la Justicia actúe en consecuencia.

El exministro y expresidente del Gobierno de Canarias se ha detenido especialmente en su intervención también en el sistema de dependencia. Saavedra ha argumentado que la "complicadísima" estructura administrativa de la Comunidad Autónoma, con competencias repartidas entre los ayuntamientos, los cabildos y el propio Ejecutivo regional, viene desembocando en la merma de los fondos para la gestión de la dependencia. Saavedra ha apuntado al respecto que hay en las Islas cierta "mentalidad" de que el sistema de atención "va mejor" de lo que verdaderamente va o de que incluso tiene ventajas sobre el sistema estatal, algo que "no es verdad", ha enfatizado. El Diputado del Común ha puesto como ejemplo la pérdida de alrededor de tres millones de euros anuales para la atención a personas dependientes por no haberse incorporado al sistema las ayudas a domicilio que prestan los ayuntamientos, ya que estos dineros se reciben en función de aquellas prestaciones que efectivamente se pagan, de modo que si no forman parte del sistema, no se contabilizan.

Jerónimo Saavedra, ya en cuanto a la información estadística del último año de actividad de la institución, ha resaltado que desde el Diputado del Común se tuvo que recordar a las distintas administraciones públicas su deber de colaborar con el órgano fiscalizador en más de medio millar de ocasiones. Fueron exactamente 504 los recordatorios que la institución con sede en Santa Cruz de La Palma tuvo que enviar a las instituciones de las Islas que venían haciendo caso omiso de sus solicitudes de datos o informes.