El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, alertó ayer en el Parlamento de Canarias sobre la actitud de determinados ayuntamientos de la Comunidad Autónoma ante casos de construcciones u obras ilegales en sus municipios. De hecho, el exministro y expresidente del Gobierno regional avisó que hay consistorios que "escurren el bulto" y "miran para otro lado" a pesar de tener constancia de que la obra en cuestión es manifiestamente ilegal, lo que ha obligado a la institución que dirige, el particular defensor del pueblo de las Islas, a incluso elevar algunos expedientes al Ministerio Fiscal.

Así lo puso Saavedra de manifiesto durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, en la que intervino para dar cuenta y razón del último informe anual del Diputado del Común, el correspondiente a 2016. Un informe en el que precisamente se hace hincapié en que la mayoría de las quejas tramitadas por la institución y relativas a asuntos de política territorial tiene que ver con la "inactividad" de la Administración Pública tras las denuncias ciudadanas sobre obras ilegales. Es más, el exmilitante del Partido Socialista (PSOE), condición a la que tuvo que renunciar para poder acceder al cargo, explica en el informe que, en estos casos, "la Administración da la callada por respuesta". Es más, también la mayoría de quejas en relación con la inactividad institucional tiene su origen en la falta de respuesta a las denuncias de ciudadanos sobre construcciones irregulares, así como en "la actuación tardía y torpe de las administraciones públicas canarias competentes en la materia, principalmente los ayuntamientos y la Apmun", la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo dependiente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Saavedra cita en el informe hasta 26 consistorios que han incurrido en la desatención de denuncias de este tipo, entre ellos los de las dos capitales de la autonomía: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

"Se constata la falta de resolución en plazo de los procedimientos de disciplina urbanística; la inexistencia de asunción de responsabilidad por ello; los daños causados al paisaje urbano y rústico por la perpetuación de obras ilegales por no haber actuado a tiempo; y lo que es más grave: la impotencia de la ciudadanía que sí ha cumplido con sus obligaciones legales [...] y que ve cómo los infractores de la legalidad urbanística logran disfrutar de sus obras ilegales sin el pago de sanciones y tributos", reza el documento. Entre los ejemplos concretos, el Diputado del Común apunta el caso de las construcciones en La Bufona, en Lanzarote, que acabó en los tribunales.

Saavedra también se detuvo en los problemas del sistema para la atención a las personas dependientes. Al respecto, puso énfasis en que la "complicadísima" estructura administrativa de las Islas, con competencias repartidas entre ayuntamientos, cabildos y Ejecutivo, está provocando una pérdida de fondos. El ex-PSOE dijo que la región pierde alrededor de tres millones cada año de las arcas estatales por no haber sido capaz de incorporar al sistema las ayudas a domicilio que prestan los consistorios, ya que estos dineros se reciben en función de aquellas prestaciones que efectivamente se pagan.