Doce de los ochenta y ocho ayuntamientos canarios (13,6%) no han respondido a ninguno de los cuestionarios informativos que les ha remitido el Comisionado de Transparencia de Canarias, que contó con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Ni siquiera la duplicación del plazo existente para remitir la información y la simplificación de los trámites han conseguido convencerles de la necesidad de cumplir con una ley que tiene por objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos en las administraciones facilitándoles el acceso a los datos de gestión. Tanto el Gobierno regional como los siete cabildos facilitaron los datos que se les solicitaron.

Entre ellos, hay dos de más de 20.000 habitantes, Granadilla de Abona y La Oliva; otros dos de entre 10.000 y 20.000, Santa Brígida (el único grancanario) y Pájara, a los que se unen El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Los Silos, Tazacorte, Tijarafe y La Victoria.

"Apenas costaba quince minutos cumplimentar uno de los dos cuestionarios", destacó el comisionado en la nota hecha pública ayer. No obstante, el número de respuestas mejoró respecto al año anterior, ya que entonces dejaron de contestar 58 de los 88 ayuntamientos (63%).

Todas las administraciones locales, insulares y autonómica del Archipiélago recibieron "un modelo de test de evaluación de todas las obligaciones informativas señaladas en la Ley de Transparencia de Canarias". Hasta por tres veces se prorrogó el plazo de entrega hasta llegar a esa duplicación de los tiempos establecidos en la norma.

El comunicado detalla que el modelo de evaluación incluye datos que la ley exige publicar en las webs o portales de transparencia públicos. Se construyó por los servicios del Comisionado a partir de la simplificación y adaptación a la Ley de Transparencia canaria de la primera propuesta de evaluación desarrollada por la Agencia Española de Evaluación de la Calidad (Aeval) y el Consejo de Transparencia en octubre de 2015.

Esta labor posibilitó que Canarias y Cataluña sean las dos comunidades autónomas en las que se ha ensayado la evaluación de la transparencia del conjunto de su sector público en dos años de vigencia de sus leyes autonómicas.