La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha afirmado este lunes que para que de forma definitiva quede desvinculado el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación se tienen que aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año.
Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que para desvincular REF y financiación tienen que aprobarse tanto la modificación del REF como los PGE, pues, lo contrario, "sería anticiparnos y estar haciendo anuncios de otra naturaleza".
"No debemos olvidar de que en estos momentos estamos en pleno proceso de negociación del nuevo sistema de financiación", ha aseverado la consejera, quien, no obstante, ha señalado que Canarias parte de una situación de ventaja respecto al resto de la comunidades autónomas.
El motivo tiene que ver, según Dávila, con que el Gobierno ha conseguido dos objetivos en un solo día, el primero de ellos, que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado se arbitró una disposición para eliminar el REF del actual sistema de financiación.
El segundo, ha continuado, es que el artículo tercero del REF económico contempla que los recursos del REF van a ser adicionales a los del sistema de financiación.
Sobre una posible modificación de los tributos dependientes de la Comunidad Autónoma, ha señalado que la intención del Ejecutivo canario es modernizar la tributación en Canarias para "lanzar sectores que puedan ser innovadores o palanca de cambio de elementos tractores de la economía canaria y el empleo".
La consejera también ha hecho referencia al incremento de la subvención al residente en el transporte marítimo entre islas hasta el 75%.
Ha explicado que se ha negociado que el Estado pase a financiar el 50% del transporte marítimo para que así el Gobierno de Canarias disponga de recursos adicionales para incrementar la bonificación.
Dávila espera que esta "demanda histórica" se pueda ver reflejada en los PGE, lo que sería "una magnífica noticia".
Una de las obsesiones del Ejecutivo, ha admitido, es que se reconozca que existe una doble insularidad que tiene que ser compensada y no tiene porqué salir de los fondos de Canarias sino del Estado.
"La idea es que el precio que pague un canario por un kilómetro recorrido no sea más de lo que pague una persona que transita en la Península", ha apostillado.
