Canarias quiere aprovechar la actual dinámica de estrecha colaboración con el Gobierno central y de acuerdos para el desarrollo de la agenda canaria en el Estado para cerrar cuanto antes los términos del nuevo convenio de carreteras y fijar un horizonte de inversión que garantice ya que en el segundo semestre de este año se puedan adjudicar obras prioritarias de la nueva fase. Ambas partes mantuvieron ayer en Madrid la primera de las reuniones técnicas en la que representantes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes entregaron a sus interlocutores en el ministerio de Fomento el primer "borrador" del listado de obras con la idea inicial de cerrar un acuerdo de manera inmediata para poder firmar en los próximos meses, si es posible antes del fin de verano.
Fuentes de la negociación señalaron que el objetivo del "primer contacto" llevado a cabo entre el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, Onán Cruz, y el director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, Manuel Agoney Piñero, con el director general de Carreteras del Ministerio, Jorge Urecho, era estudiar la propuesta de proyectos elaborada por la Comunidad Autónoma y establecer un horizonte de negociación, aunque serán los responsables políticos de ambas partes quienes deberán acordar en las próximas semanas tanto la financiación como las anualidades teóricas para todo el periodo de la nueva fase.
La propuesta canaria incluye obras por un valor próximo a los 2.500 millones para un periodo de entre 10 y 15 años, según ha avanzado el consejero de Obras Públicas y Transportes y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.
El documento entregado ayer por los representantes canarios al alto cargo de Fomento contiene buena parte de las reclamaciones presentadas en su día por los distintos cabildos insulares como obras prioritarias en sus respectivas islas, aunque esos proyectos han sido posteriormente revisados y ajustados por los técnicos de la Consejería.
El objetivo de Canarias es fijar los términos del nuevo convenio lo antes posible de forma que, fijados los criterios, no sea necesario que entre en vigor formalmente en enero de 2018 para sacar a concurso la de adjudicación de las obras en aquellos casos en que haya proyectos actualizados y pendientes de financiación. Estos son precisamente los casos en Gran Canaria de la segunda fase de la carretera de La Aldea, es decir, el tramo entre El Risco y Agaete, presupuestado en 187 millones; el cierre del anillo entre Mogán y La Aldea; la ampliación de la carretera del Norte, la GC-2, entre Bañaderos y Gáldar; la circunvalación de Agaete o el posible el soterramiento de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la conectividad del Puerto de la Luz con el resto de la Isla.
El Cabildo de Gran Canaria había ya presentado al anterior equipo de Obras Públicas, en diciembre de 2015, una primera propuesta de actuaciones en ocho carreteras de la Isla por valor de 410 millones de euros, es decir, un 16,5% del total de inversión que se reclama al Estado para el conjunto del Archipiélago.
El nuevo convenio contemplará, según la propuesta presentada por la Consejería, distintos escenarios de actuaciones y financiación, y en en él figuran también obras pendientes que están en el convenio en vigor y que se han quedado sin ejecutar por los recortes en las anualidades previstas entre 2011 y este mismo año hasta un déficit total de 757 millones. La cantidad prevista para 2017 en el proyecto de presupuestos estatales para este mismo año asciende a 175 millones. El nuevo acuerdo asumiría parte de este déficit, pero el Gobierno de Canarias asegura que no renunciará a toda la financiación comprometida por el Estado.
Interés regional
Otras prioridades establecidas en el borrador entregado ayer al Ministerio las constituyen el tramo Aeropuerto-Caldereta en Fuerteventura y concluir el eje norte-sur de la isla; la circunvalación de Guatiza y el enlace de la circunvalación de Arrecife con la LZ-2 y el eje sur de Tías a Yaiza en Lanzarote; habilitar un carril adicional en la TF-1 y ampliar la TF-5 en Tenerife, con importes de en torno a 240 millones cada una de estas obras; la autovía de Tazacorte y la del sur y del norte en La Palma; la travesía de Hermigua y el cierre del anillo en La Gomera; y la carretera de la circunvalación insular en El Hierro.
La Consejería argumenta en su propuesta que todas las obras incluidas en el nuevo anexo cumplen el requisito de ser carreteras de competencia e interés regional que además revierten en la mejora de la movilidad interinsular por sus conexiones a puertos y aeropuertos. Se trata en algunos casos de obras no finalizadas del convenio aún en vigor, y en otros de proyectos ya redactados y que figuran en el planeamiento de cada una de las islas. Se priorizan obras que resuelvan los problemas más acuciantes de movilidad y accesibilidad de cada una de las islas y se han introducido mejoras en las vías actuales que permitan potenciar el transporte público colectivo y discrecional.
En los criterios políticos sobre la inclusión de obras nuevas, el borrador contempla como prioritarias las que forman parte del Eje Transinsular, así como una distribución equilibrada de las inversiones.
La estrategia que defendieron ayer en la primera reunión técnica los representantes de la Consejería ante Fomento fue la de proyectar las obras que se puedan ejecutar en los plazos fijados y priorizar en los pliegues de condiciones a las empresas canarias que tengan los medios necesarios para llevarlas a cabo frente a posibles adjudicaciones a ofertas económicas de empresas de ámbito estatal que, sin embargo, luego son incapaces de materializarlas por falta de respaldo local.
