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Archivada la querella de Rosell contra Soria por las críticas en las elecciones

El juez Luis Galván rechaza los delitos de injurias y calumnias que la exdiputada de Podemos achaca al exministro

José Manuel Soria y Victoria Rosell, en campaña electoral. QUIQUE CURBELO

El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la querella que la magistrada Victoria Rosell interpuso el pasado mes de diciembre contra el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria por supuestas injurias, calumnias y delito electoral.

El juez Luis Galván, por tanto, rechaza que Soria sobrepasara los límites de la libertad de expresión y cometiera esos delitos al poner en entredicho la honorabilidad de Rosell durante la campaña electoral de 2015. Entonces corría el mes de diciembre y ambos se enfrentaban en las elecciones al Congreso de los diputados por la provincia de Las Palmas: él como líder del Partido Popular (PP) en Canarias, antes de caer en desgracia por los papeles de Panamá, y ella como fichaje estrella de Podemos, tras cambiar el juzgado por la política, con la intención de afianzar la posición emergente de la formación morada en Canarias.

La contienda electoral, entre duros reproches a la corrupción, acabó con querellas cruzadas en el Tribunal Supremo (TS), algunas incluso pendientes aún de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y con otro magistrado investigado, Salvador Alba Mesa, que sustituyó temporalmente a la exdiputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El contrato de la radio

Rosell, al ver admitida la querella de Soria en el Supremo, renunció a su acta en la Diputación Permanente y regresó al juzgado, desde donde preparó su defensa, pues la querella fue remitida al TSJC al perder su condición de aforada como diputada nacional. La instructora Margarita Varona, tras tomarle declaración como investigada, archivó las diligencias y descartó indicios de retardo malicioso, prevaricación o cohecho, entre otros delitos que Soria atribuía a la magistrada por favorecer supuestamente las relaciones comerciales entre la pareja de Rosell y el empresario Miguel Ángel Ramírez.

Tras ese auto de archivo por la inexistencia de los delitos, que se encuentra recurrido en el TSJC, Rosell reactivó la querella que había presentado contra Soria en el Supremo y la interpuso en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Cayó en Instrucción número 6 y su titular, Luis Galván, interrogó como investigado al exministro el pasado febrero.

Soria, que fue defendido por Nicolás González-Cuellar, apeló al comodín de la contienda electoral para rechazar los excesos verbales planteados en la querella, entre ellos calificar la actuación de Rosell de cohecho "como la copa de un pino", sin hacer uso si quiera del término presunto, entre otras graves acusaciones y reproches vertidos por Soria en los diferentes programas de radio y de televisión a los que asistió como candidato.

A principios de ese mes de diciembre, la Fiscalía de Las Palmas abrió una investigación interna para verificar un negocio radiofónico entre la pareja de Rosell y la Unión Deportiva Las Palmas, que está presidida por Ramírez, el empresario al que previamente había investigado la juez. En esas diligencias, que luego fueron anuladas por el TSJC y archivadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se apoyó precisamente Soria para realizar las críticas.

El exministro, en el interrogatorio de Galván, rechazó que sus declaraciones a los periodistas o las respuestas en los debates fueran ataques a Rosell por su condición de juez, sino recursos de la contienda electoral. También se escudó en la querella admitida a trámite por el Supremo, que desde el principio fue tachada de "tramposa y política" por Rosell.

El auto de archivo, que está respaldado por la Fiscalía, fue dictado la semana pasada y ha sido recurrido ante la Audiencia de Las Palmas. LA PROVINCIA / DLP solicitó ayer la resolución al gabinete del prensa del TSJC para conocer sus fundamentos jurídicos, pero el magistrado declinó hacerlo público. Tres fuentes judiciales han confirmado el sobreseimiento.

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