El presidente del consejo rector de la Radio Televisión de Canaria, Santiago Negrín, compareció ayer a petición propia ante el Parlamento para informar sobre el proceso de contratación de los nuevos programas y espacios para cubrir la parrilla de esta temporada, un proceso durante el que, según desveló, ha recibido presiones políticas y mediáticas para condicionar e influir en las nuevas contrataciones, sobre todo por parte de grupos mediáticos con intereses en el sector. En concreto, Negrín, citó ante la comisión parlamentaria, al grupo editor de Diario de Avisos, contra el que ha presentado una denuncia por extorsión y chantaje.

Negrín remarcó en su comparecencia que las informaciones publicadas por este medio de comunicación contra su persona, relativas a irregularidades en la contratación de cinco editores de informativos y a la adjudicación de programas a dedo, son "falsas y maliciosas".

Ante el asombro de los diputados por el tono de la intervención, aseguró que no va a aceptar "más presiones mediáticas ni políticas" para la contratación de programas y no va a atender a las llamadas y exigencias de medios de comunicación con intereses en el sector. "Estas falsas informaciones, acompañadas de descalificaciones incluso personales, son la consecuencia de mi postura inflexible ante el chantaje y la extorsión a la que se me ha intentado someter", porque hay medios que "no obtienen lo que desean por los cauces reglados", enfatizó.

"Hay quien piensa que no soy buen gestor pero soy el mismo que consideró y validó esta Cámara", recalcó Negrín, quien acusó asimismo a la consejera de RTVC, designada a propuesta del PSOE, María Lorenzo, de boicotear el funcionamiento del Consejo Rector.

Según el relato de Negrín, esta consejera ha requerido numerosa información que "obstaculiza" la gestión de la administración del ente. De hecho, la contestación a una sola pregunta necesitó que se le enviaran 29 correos electrónicos por la extensión de la respuesta. "Lorenzo ha paralizado la gestión del ente porque ha realizado 106 solicitudes de información y ha requerido miles de facturas", expuso. "Solo quedan once por contestar, y a pesar de toda la información que se le ha dado no ha realizado ni una sola propuesta ni aportación", afirmó.

Además, la acusó de incumplir sus deberes con el cargo, como la fidelidad y, sobre todo, el secreto de los asuntos debatidos en el Consejo Rector, con el fin de hacerlos públicos para criticar el trabajo que realiza el propio presidente. Amen de que no acuda o se ausente de las reuniones de este órgano de dirección, impidiendo con ello que se alcance el quórum necesario para la toma de decisiones. Ejemplo de ello es el bloqueo del Registro de Programas, que garantiza "la transparencia", y que ya han puesto en marcha el resto de televisiones públicas.

Negrín explicó que la contratación de los cinco editores de lo que se pone en duda su legalidad se hizo de forma temporal y reglada, con el objetivo de evitar un apagón en los informativos por falta de personal, después de que la empresa adjudicataria de los informativos, Videoreport, decidiera "legítimamente" no continuar con la edición de los mismos por no estar obligada a ello en el contrato de adjudicación.

Los contratados son profesionales "cualificados" y con "experiencia" en el medio, algunos de los cuales ya habían trabajado en Televisión Canaria, recalcó.

Asimismo, afirmó que las adjudicaciones de proyectos audiovisuales desde octubre a diciembre, tras la inyección de cinco millones de euros aprobada por el Parlamento, se hicieron en diez días para sacar los proyectos adelante y no perder el crédito, y que para ello se convocó a una comisión de expertos del ente y un concurso de ideas, "de forma pública", para que las empresas presentaran proyectos. Y en tan poco tiempo se eligieron 46 programas, subrayó.