El Gobierno de Canarias analizará la reciente sentencia que ha anulado varios preceptos sobre el decreto de alquiler vacacional antes de modificar la normativa, avanzó este miércoles la portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien señaló que "no hay que precipitarse" y aún quedan otros cuatro pronunciamientos judiciales pendientes.
La resolución dictada por el El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumba cuatro preceptos del decreto del Gobierno canario aprobado en mayo de 2015 que regula la vivienda de alquiler vacacional, entre ellos el que prohíbe ofrecer alojamientos con fines turísticos en las viviendas ubicadas en zonas turísticas o en suelos de uso mixto.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Dávila manifestó que "es precipitado" pronunciarse sobre la sentencia, porque los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y la Consejería de Turismo están aún analizando su alcance.
"Éste es el primero de cinco pronunciamientos judiciales que llegarán a lo largo de este mes, a partir de ahí el Gobierno se pondría a trabajar en una modificación de este decreto conociendo el alcance de la sentencia", explicó Rosa Dávila.
Señaló que el alquiler vacacional es un fenómeno complejo que afecta a todas las grandes ciudades y que en el caso de Canarias abarca 28.000 viviendas y 121.000 camas, más de la mitad de ellas situadas en zonas turísticas.
