Primera victoria para los propietarios de viviendas de alquiler vacacional. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumba el núcleo del decreto del Gobierno regional que regula los arrendamientos turísticos por vulnerar la libre competencia. La Justicia avala, así, la oferta de casas vacacionales en las zonas turísticas o suelos de uso mixto turístico-residencial.

El alquiler vacacional en el Archipiélago cuenta con 28.188 viviendas y genera un impacto económico anual en el sector servicios que ronda los 500 millones de euros. A través de esta modalidad en auge se ofertan 121.487 camas.

La sentencia dictada anula varios preceptos claves del decreto aprobado dos días antes de las elecciones del 24 de mayo de 2015 por el Ejecutivo, presidido entonces por Paulino Rivero. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma estudian en detalle la resolución y, en cualquier caso, el gabinete, encabezado por Fernando Clavijo, no modificará el decreto hasta que la Justicia resuelva los otros tres recursos pendientes, interpuestos por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y dos particulares.

El Gobierno confía en que la respuesta del TSJC se produzca en breve, por lo que prefiere no precipitarse para revisar el decreto, según fuentes oficiales, que señalaron que el Ejecutivo tiene hasta el 24 de mayo para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En su dictamen, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado el recurso de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El fallo anula los artículos 3.2, 12.1 y 13.3 y el subapartado tercero del apartado IV del anexo 2 del decreto. Estos son los puntos críticos del texto, relativos a la prohibición de las viviendas vacacionales en zonas turísticas y el veto al Bed & Breakfast.

Los juristas del Gobierno analizan la sentencia, que impone, además, costas a la administración, y no adoptarán una decisión a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre los otros recursos presentados.

"Hemos ganado la batalla, pero no la guerra", afirmó la presidenta de Ascav, Doris Borrego, que considera que el contenido de la sentencia "no puede ser más demoledor", ya que el TSJC califica de "falacia" los argumentos esgrimidos por el Gobierno para excluir las viviendas vacacionales de las zonas turísticas.

Para el magistrado Helmuth Moya, ponente de la sentencia, "la única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales implantados mayoritariamente en zonas turísticas, vulnerando la libre competencia en la prestación de servicios."

Asimismo, el TSJC ve "injustificada" la prohibición del Bed & Breakfast (alquiler de habitaciones por particulares, hostels, surf camps...), pues "no hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse, asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda, si el propietario desea ofrecerle este servicio".

La sentencia agrega que "la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta del alojamiento hotelero".

Borrego se pregunta si el Gobierno "va a continuar dilapidando fondos públicos recurriendo el decreto para beneficiar al lobby hotelero tinerfeño". Mientras, el presidente de Fevitur, Pablo Zubicaray, expresó su satisfacción por el fallo, pues "favorece a miles de familias" y defendió que el alquiler vacacional es "perfectamente compatible con la industria hotelera", ya que se dirigen a clientes diferentes. "Estamos condenados a entendernos", apostilló.

Por su parte, la CNMC se puso ayer a disposición del Ejecutivo para lograr una regulación "más eficiente" al alquiler vacacional. Alega que el decreto introducía "numerosos obstáculos para una competencia efectiva" en el mercado.

El presidente de los empresarios turísticos de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, admite que el alquiler vacacional es una tendencia "imparable" y estima que "en zonas turísticas debe ser una modalidad más extrahotelera y, o bien pervive bajo un parámetro similar de regulación de la industria turística, o, si no es así, que se desregule el sector". Cree que la renta de casas para vacaciones "no es una amenaza, sino una oportunidad más de negocio", y sostiene que en edificios de uso turístico debe primar la unidad de explotación.

Avanzó que, "dependiendo de cómo se regule y las ventajas competitivas que se den al alquiler vacacional, el sector reglado decidiría subirse al carro, desregularse y apuntarse a esas ventajas". "Habrá la posibilidad de que complejos hoteleros se pasen a la modalidad de alquilar vacacional", aseguró.