En la causa no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados ninguno de los responsables de CajaCanarias entre 1998 y 2001 (salvo Miguel Zerolo e Ignacio González, miembros de su Consejo de Administración). Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial aseveran en la sentencia del caso Las Teresitas que "la entidad jugó un papel muy relevante para facilitar a los acusados Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Víctor Reyes y José Tomás Martín el informe de Tinsa (Tasaciones Inmobiliaris S. A.) que utilizaron para culminar el engaño a los órganos de fiscalización y control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al pleno celebrado el 23 de agosto de 2001 para lograr aprobar la compra de los terrenos por 52, 5 millones de euros, un "valor irreal y extraordinariamente superior al de mercado".

El tribunal incide también en la operación crediticia que CajaCanarias aprobó en junio de 1998 a Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Manuel Plasencia e Ignacio González, que constituía el préstamo más cuantioso que había concedido hasta esa fecha (33 millones de euros) y porque la única garantía que se exhibía por parte de empresa era la compra a la Junta de Compensación de unas parcelas que integraban el Plan Parcial de Las Teresitas. Los solares estaban incursos en un procedimiento judicial cuya "situación de incertidumbre" sobre el planeamiento vigente, afectaba de forma "esencial" a su valoración. Sin embargo, CajaCanarias aprobó la operación de crédito multimillonaria.

El tribunal destaca que la operación crediticia se produjo en "condiciones y circunstancias extraordinariamente llamativas que no pueden entenderse si no es en relación a otros hechos". Solo "tendría pleno sentido como operación condicionada a la actuación posterior del Ayuntamiento -que se produjo- para allanar los obstáculos necesarios e ir introduciendo en el planeamiento urbanístico los cambios necesarios para hacer posible que los empresarios pudieran poner a la venta los terrenos a un precio mucho mayor".

El crédito, además, se dio cuando ILT aún no estaba constituida como sociedad ni dada de alta en el Registro Mercantil.