Canarias y Baleares unen fuerzas para lograr el abaratamiento del transporte interinsular e insular y la cogestión de sus aeropuertos. El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y su homólogo balear, el socialista Marc Pons, anunciaron ayer la puesta en marcha de una mesa de trabajo conjunta a la que se unirán operadores del transporte marítimo y aéreo, empresarios y expertos en movilidad con el objetivo de aportar al Ministerio de Fomento datos suficientes para justificar la reducción de los costes para los residentes en sus traslados entre las islas.
Los dos consejeros se mostraron optimistas en la consecución de los retos que se plantean ambos archipiélagos ante el "éxito" que tuvo la estrategia común para conseguir que se mantuviera el descuento aéreo para residentes en los viajes en grupo que quiso suprimir Fomento ante los supuestos fraudes cometidos por las compañías aéreas en sus liquidaciones ante Aviación Civil.
La alianza, pues, se amplía a nuevos objetivos aun cuando los dos mandatarios reconocen que, aunque ambos archipiélago comparten problemas similares por su condición geográfica, uno y otro presentan singularidades distintas que requerirán soluciones diferentes. Es el caso de la tarifa plana aérea que reivindica Baleares. Un precio único de 30 euros o menos en los billetes aéreos interinsulares que está a la espera del visto bueno de la Unión Europea.
Para Canarias, debido a esas diferencias geográficas, la solución debe ser otra y se baraja para ello que se incremente por parte del Estado la subvención al transporte aéreo, que ahora está fijada en un 25% del billete.
En cuanto a la cogestión aeroportuaria, las dos administraciones reclaman su participación en la toma de decisiones en unas infraestructuras que consideran fundamentales para los archipiélagos.
La experiencia positiva de la cogestión de las autoridades portuarias, por parte de la administración estatal y regional, es uno de los argumentos en los que se apoyan para su reivindicación, que reforzarán con un estudio económico con el que tratarán de demostrar que su petición favorecerá no solo a las dos comunidades autónomas, sino al Estado.
