Las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como los letrados de la acción popular o el abogado que representa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la causa penal del caso Las Teresitas, podrían presentar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que ha juzgado esta causa un escrito interesando el ingreso inmediato en prisión de dos de los condenados por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa ya que se dan "circunstancias de especial gravedad" como puede ser el riesgo de fuga o estar condenado en firme en otro procedimiento con penas de más de dos años de prisión. Según los expertos consultados, los dos acusados sobre los que cabría solicitar dicho ingreso en prisión son el exedil de Urbanismo Manuel Parejo y el empresario Antonio Plasencia.
Es habitual que la petición de esta medida se ejercite en el mismo plazo de cinco días hábiles que tienen los letrados de las defensas para fundamentar un posible recurso en casación ante el Tribunal Supremo, tal y como anunció el pasado jueves el propio exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, nada más hacerse pública la sentencia que le condena a siete años de prisión.
El letrado Carlos Álvarez, que entre otros procedimientos dirigió la acusación en el caso Áridos (barranco de Güimar), en el que fueron condenadas tres personas, entre ellas el citado empresario Antonio Plasencia, señaló ayer que "la sentencia del caso las Teresitas ha hecho justicia y supone un hito con la que advierte a cierta clase dirigente, política o empresarial, de que nadie va a quedar por encima de la ley".
A principios de 2016, Antonio Plasencia aceptó los cargos de los que se le acusaba en el caso Áridos, con lo que evitó ingresar en la cárcel con una sentencia de conformidad que fijó una pena de un año y tres meses de prisión. Álvarez opinó ayer que "Plasencia debe entrar en prisión con carácter inmediato porque es la segunda condena grave que se le impone en el plazo de un año y medio, y aunque su defensa interponga un recurso de casación al amparo del artículo 503, el fiscal o las acusaciones pueden solicitar la celebración de lo que se conoce como vistilla para pedir su ingreso inmediato en prisión".
En el caso de Manuel Parejo, a quien el Consejo de Ministros le ha denegado la gracia del indulto por su condena de tres años de prisión en el caso Mamotreto, -el parking que invade terrenos de dominio público marítimo terrestre- está obligado a ingresar en prisión antes del próximo miércoles o sería declarado en rebeldía, según fuentes jurídicas.
El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, ha destacado que "la sentencia es muy contundente, se expresa en unos términos categóricos, con una relación de hechos probados muy rigurosa y la calificación jurídica de los hechos está muy razonada y desmonta los argumentos que mantenían las defensas", reflexiona.
En este sentido y en opinión de este experto jurídico "no existen muchos resquicios para una revocación en una ulterior instancia". Bien es cierto, continúa el profesor de Derecho, "que he visto de todo en los tribunales, pero en principio me parece que es una sentencia bien redactada y dura en los términos que utiliza, dejando de lado los eufemismos jurídicos de tal forma que, por ejemplo, en lugar de decir que tal acusado faltó a la verdad, no deja lugar para interpretaciones y señala que tal acusado mintió".
Pérez Sánchez sostiene que por lo recogido en el fallo, los hechos probados "encajan como un guante" en el tipo delictivo de la malversación y prevaricación.
