José Pérez Ventura (San Andrés y Sauces, 1975) es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y, junto con el letrado Antonio Espinosa (Palencia, 1963), ha ejercido la acusación popular por la Asociación Justicia y Sociedad en el procedimiento penal del caso Las Teresitas, en el que han sido condenados el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, a 7 años de prisión cada uno, además de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, con 5 años y tres meses de cárcel por malversación y prevaricación. Pérez Ventura participó al filo del cambio de milenio en el movimiento social Asamblea por Tenerife. Estuvo y está personado en casos tan mediáticos como la privatización de Emmasa, el caso García Cabrera (por la acusación de IU), el caso Willy sobre las presuntas irregularidades en RTVC, y en julio estará en la acusación por el caso de la Casa Siliuto.

¿Cómo recibió la sentencia del caso Las Teresitas ?

Tuve una primera impresión muy favorable ya que las estimaciones que hacíamos al principio no eran tan optimistas, no por la prueba practicada porque para la acusación fue muy favorable y arrolladora, pero teníamos ciertas cautelas a sobre lo que pudiera dictar el tribunal. Es una sentencia que está a la altura de las expectativas generadas, del exhaustivo trabajo de la Brigada 7 de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, encabezada por el inspector Antonio Roldán; está a la altura del brillante trabajo de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez; también está a la altura de la profesionalidad e integridad con la que actuaron servidores públicos como Pía Oramas o Ruymán Torres, entre otros, que intervinieron en la causa y que han velado por el interés general y, sobre todo, creo que está a la altura de la exigencia de la ciudadanía que reclamaba la depuración de responsabilidades. Y quiero agradecer a los ciudadanos que nos ayudaron a hacer frente a la fianza de 28.000 euros que se reclamó para personarnos en la causa.

La sentencia huye de eufemismos y enrevesados términos jurídicos. ¿Cree que se redactó para que cualquier ciudadano que la consulte tenga claro lo que pasó?

Tras la crisis económica, la principal causa de preocupación ciudadana es la corrupción, y hay que reconocer aquí también el esfuerzo del tribunal y del magistrado ponente, no solo por su trabajo en lo que a la aplicación de la ley se refiere, sino porque lo han plasmado en una sentencia muy clara y accesible para el ciudadano, aunque no tenga conocimientos jurídicos. Esa labor ayudará a la correcta lectura de lo que pasó, que se pueda comprender, valorar y concluir lo que sucedió en la compraventa de las parcelas del frente de playa por un precio tres veces superior al que fijaba el mercado y con el dinero de todos los santacruceros.

Los acusados dicen que recurrirán la sentencia al Supremo y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, sostiene que el fallo podría revocarse, por lo que los nacionalistas no se plantean pedir disculpas por ahora.

Claro, pero la presunción de inocencia se termina aquí, los seis condenados ya no son presuntos, son delincuentes como señala el fallo judicial. La presunción de inocencia se destruye en la sentencia que ha valorado, con todas las garantías de defensa, la responsabilidad penal en los hechos enjuiciados, sin menos cabo de que la recurran. Pero respecto a las declaraciones de Barragán, debo decir que en este país el verbo dimitir no se sabe conjugar ni se sabe asumir responsabilidades políticas cuando hay indicios o condenas penales. Coalición Canaria debió pedir perdón no al día siguiente de la sentencia, sino hace muchos años.

¿El Supremo sería una segunda instancia?

En este caso no. El Tribunal Supremo no tiene la capacidad de entrar a valorar de nuevo la prueba. Contra la sentencia cabe el recurso en casación, pero es extraordinario y limitado a motivos muy concretos y fundamentados como son el quebrantamiento de forma o la infracción de preceptos legales. No es un recurso de apelación que permitiría a un tribunal superior valorar de nuevo la prueba, hay que dejar claro esto y, desde nuestro punto de vista, la sentencia está técnicamente bien construida, fundamentada y motivada para llevar al tribunal a la convicción de que los acusados debían ser condenados por unos delitos muy graves en un caso de corrupción que no solo es el más importante de Canarias, sino que está a la cabeza de los más graves del país por el dinero malversado.

¿Qué acciones seguirá ahora?

Como la sentencia no se ejecuta hasta que sea firme, es decir hasta que el Supremo resuelva los recursos, sin perjuicio de que atendida la gravedad de la pena y el riesgo de eludir la acción de la justicia, nosotros como acusación solicitaremos que se adopten medidas restrictivas de la libertad para garantizar que la sentencia llegue a ejecutarse.

¿Esa petición de medidas restrictivas de la libertad que solicitarán afecta a todos los reos o solo para los máximos responsables en este caso, Miguel Zerolo y Manuel Parejo, que tienen antecedentes?

En el caso de Parejo no va a ser necesaria ninguna medida cautelar porque tiene la obligación de entrar en prisión en los próximos días por el caso Mamotreto. Pero sí lo haremos con Zerolo, que ha evaporado su patrimonio, por lo que entendemos que pueden existir indicios de un posible alzamiento de bienes.

¿Plasencia y González, socios en Inversiones Las Teresitas habrían incurrido también en una descapitalización de la sociedad cuando se sabían investigados?

Es algo que no se llegó a investigar, sin embargo después de vender las parcelas de Las Huertas a una filial de Mapfre por 92 millones de euros, ILT tuvo flujos de capital hacia Promotora Punta Larga y Promotora Victoria, que están declaradas responsables civiles en la causa. En este sentido tengo que agradecer el papel desempeñado por los abogados Miguel Losada y Aleix Moreno, contratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz en el anterior mandato para reclamar a los condenados la responsabilidad civil, es decir el dinero quebrantado de las arcas municipales.

Al inicio del juicio las partes cuestionaron que la Corporación local solo se personara como actor civil y no penal.

El Ayuntamiento se personó tarde en la acción civil y lo hace no porque el alcalde José Manuel Bermúdez tomara la iniciativa de hacerlo. Se personó por presiones sociales y la insistencia del edil socialista José Ángel Martín. Tengo que decir que Bermúdez se ha puesto de perfil porque no ha querido ejercer la acción penal contra quienes fueron compañeros de su propio partido.

Esa postura que comenta ¿no podría entenderse como una opción en la que el alcalde decidió primar el interés en recuperar el dinero quebrantado, o quizás la estrategia parte de los letrados?

Es que ambos asuntos están vinculados. Para reclamar la responsabilidad civil, una indemnización, primero hay que demostrar la culpabilidad de los acusados. Pero además, en temas de corrupción hay que ponerse de frente no de perfil, hay que hacer como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se ha personado en la vía penal y reclama también la responsabilidad civil sobre los delitos que habría cometido su predecesor en el cargo.

¿Qué posibilidades hay de recuperar el dinero?

El Juzgado de Instrucción abrió a principios de 2016 las piezas de responsabilidad civil sobre los acusados y las empresas vinculadas en el caso, reclamando activos y patrimonio para hacer frente a las cuantías que se exigen de más de 61 millones de euros. De hecho Promotora Victoria, pero sobre todo Promotora Punta Larga ya están embargadas por varios millones de euros, aunque se tendrá que ampliar y localizar más capital o patrimonio. Cualquier acción que los condenados puedan hacer para eludir la acción de la justicia en este sentido incurrirían en un delito de alzamiento de bienes, situación que ya atraviesa el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, al que se le dedujo testimonio por vender a sus hijos el chalé que dispuso como garantía de su responsabilidad civil.

¿Y se llegará a alcanzar la cuantía reclamada cuando hay acusados que apenas han dispuesto de activos o patrimonio?

La responsabilidad solidaria implica que cada uno de los condenados responde por todos, es decir que si uno de ellos alcanza la cuantía que se reclama, se le embarga y después éste ejercerá la acción por repetición contra el resto para reclamar la parte que le corresponda. Es decir, que si Promotora Punta Larga tiene activos o patrimonio suficientes para cubrir toda la indemnización, se le reclamará y luego, si lo considera, que reclame al resto.

Plasencia ya fue condenado en el caso Áridos y se le reclaman 52 millones. ¿Podría darse el caso de que el constructor y Promotora Punta Larga no puedan responder en el caso Las Teresitas ?

Ese sería un problema muy gordo que dependerá de la dinámica en la que se desarrolle la ejecución de ambas sentencias. Es decir, que empezará a responder de la indemnización que antes se le reclame.

¿Qué ocurrirá ahora con la playa y el Plan Especial?

La sentencia tiene una trascendencia incuestionable por lo que el Plan Especial deberá reformularse, esta vez desde el consenso, e incorporar todas las consecuencias que se derivan de esta sentencia.