A mediados de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volvió a condenar a España por la existencia en su territorio de vertederos incontrolados, la mayoría de ellos en Castilla y León (27) y Canarias (24). La Consejería de Sostenibilidad del Gobierno del Archipiélago asegura que solo quedan 17 y que estos habrán desaparecido antes de que termine el próximo año. Lo contrario daría pie a sanciones de Bruselas contra el Estado que cristalizarían en la retención de una parte de los fondos que proceden de la UE.
La tramitación es engorrosa y, además, afecta a varios niveles de la Administración, lo que ralentiza la consecución del objetivo de terminar con esos depósitos de vertidos. No obstante, la viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, afirma que se está trabajando con rapidez para acabar con ellos y "va a dar tiempo".
En caso de que alguno se enquiste porque su tramitación previa impida iniciar los trabajos rápidamente, la viceconsejera entiende que tampoco ocurriría nada. Si se produce un retraso de "un par de meses, hay que tener en cuenta que la fecha no es una imposición, sino un compromiso adquirido con Bruselas", aclara Pérez.
Sin sanción inmediata
De llegarse a ese punto, los trabajos "ya se estarían realizando", por lo que entonces tampoco tendría sentido un castigo, entiende la integrante del equipo que dirige la consejera de Política Territorial del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto. Tampoco la sentencia conocida hace mes y medio comporta sanciones inmediatas para España. Toda vez que tiene el fallo, la Comisión Europea (CE) abrirá un nuevo procedimiento que remitirá de nuevo al TJUE para que, entonces sí, este determine la sanción correspondiente. Si consumido todo ese tiempo algún vertedero canario que se sitúe al margen de la legalidad europea se mantiene abierto, las Islas perderían fondos.
Básicamente, los 17 vertederos que restan por sellar, todos ya con su correspondiente proyecto de restauración plenamente redactado, se dividen en dos tipos fundamentales: los que se sitúan en suelo público y aquellos que están en una parcela privada pero su propietario ha permitido a cabildos y ayuntamientos utilizarlos para depositar los residuos. En el caso de los primeros, es necesario que el Gobierno de Canarias firme un convenio con la administración local correspondiente con el fin de poder ocupar el suelo y realizar los trabajos de impermeabilización del fondo del vaso y evitar así que los restos orgánicos generen problemas en el subsuelo.
Precisamente, el Consejo de Gobierno acaba de autorizar la rúbrica de los acuerdos con dos cabildos y tres ayuntamientos para terminar con los vertederos de Faro de Orchilla, Los Llanillos -ambos en El Hierro-, Barranco Seco, Lomo Alto -los dos en La Palma- y Montaña Amagro -Gran Canaria-.
En otros once casos es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) la que debe emitir una orden de restablecimiento para que se devuelva el espacio a su estado original. Uno de ellos, denominado La Rosas y ubicado en el término municipal de Güímar, es el que mayores problemas plantea a priori. Está situado en la antigua cantera que ha dado pie a una sentencia penal contra quienes la explotaban, por lo que la Consejería de Sostenibilidad ha tenido que ponerse en contacto con los tribunales y espera ahora a que estos le expliquen de qué manera puede procederse a su erradicación sin contravenir el fallo.
"En el verano estarán resueltas las adjudicaciones, con lo que podremos terminarlos todos el año que viene", sostiene Blanca Pérez. La inversión prevista para conseguir dicho objetivo es superior a los once millones de euros, si bien el grueso del dinero llega de Europa, ya que los Fondos de Desarrollo (Feder) cubren el 80% del capital necesario. Mientras tanto y en paralelo la Consejería trabaja en el Plan Canario de Prevención de Residuos.
