La semana, tras el macropuente festivo, trae también consecuencias penales para algunos de los seis acusados que finalmente han sido condenados en el procedimiento penal por el caso Las Teresitas. Es el caso del que fuera edil de Urbanismo de la capital tinerfeña, Manuel Parejo, quien ha sido condenado a siete años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, según la sentencia hecha pública el pasado jueves por la Audiencia Provincial.
Parejo ingresará en prisión en las próximas horas, pero lo hará no como consecuencia de la pena que se le ha impuesto ahora, sino para cumplir con la ejecución de la sentencia que se dictó por el caso Mamotreto, un asunto por el que se le condenó a tres años de prisión aunque su entrada en la cárcel había quedado suspendida hasta que se resolviera el indulto que pidió.
El también médico psiquiatra se enteró justo un día antes de conocer la sentencia por el caso Las Teresitas de que dicha medida de gracia se le denegaba, por lo que debía ingresar en prisión en los cinco días hábiles siguientes de comunicarle el rechazo al indulto, plazo que se agota el próximo miércoles.
Quizás Parejo no sea el único de los condenados en el caso Las Teresitas, cuya situación procesal cambie en los próximos días ante la gravedad de las penas y el posible riesgo de eludir la acción de la justicia.
Los abogados de la acción popular ejercida por la Asociación Justicia y Sociedad en la causa penal por la operación de compraventa de las parcelas del frente de playa de las Teresitas han anunciado que barajan solicitar al tribunal "que se adopten medidas restrictivas de la libertad para garantizar que la sentencia llegue a ejecutarse respecto a Miguel Zerolo", exalcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife que ha sido condenado también a siete años de prisión por los mismos delitos que Parejo.
Entre las medidas restrictivas de libertad que podrían interesar las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción y la representación letrada del Ayuntamiento capitalino, se contempla la retirada del pasaporte, el abono de una fianza o la obligación de comparecer en los Juzgados para firmar periódicamente hasta que la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial sea firme, esto es, cuando el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que, tal y como anunció Zerolo el mismo día en que conoció el fallo, tenía previsto interponer. Y entre las medidas privativas de libertad, figura la entrada en prisión.
Alzamiento de bienes
José Pérez Ventura, letrado de la acción popular en esta causa señaló que "Zerolo ha evaporado su patrimonio, por lo que pueden existir indicios de un posible alzamiento de bienes".
Zerolo ha sido condenado a siete años de prisión por malversación de fondos públicos y ocho años y nueve meses de inhabilitación por prevaricación, así como deberá dar una indemnización solidaria con los otros cinco acusados, de más de 61 millones de euros, que deberán ingresar en las arcas municipales que quebrantaron en septiembre de 2001 los seis condenados por la operación de compraventa de once parcelas del frente de playa Las Teresitas, por un precio tres veces superior al fijado por técnicos municipales, además de que parte de dichos terrenos ya eran propiedad del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Zerolo inició su carrera política en 1979 como concejal cuando solo contaba con 22 años. Asumió la Concejalía de Parques, Jardines y Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las filas de Unión de Centro Democrático (UCD). En 1995 fue aupado a la Alcaldía santacrucera tras ganar las municipales, cargo en el que estuvo hasta 2011.
